El Parlamento navarro ha escuchado la denuncia contra el proyecto de CAF en Jerusalén para construir un tranvía, del que representantes de Internazionalistak Auzolanean y trabajadores de Trenasa han asegurado que «desprecia el derecho internacional». Esta denuncia ha puesto de relieve las diferencias entre los grupos de la Cámara ante esta polémica obra.

En este sentido, Lucía Echeverría, de la plataforma «CAF, bájate del Apartheid», ha señalado que muestra «una doble falta de ética empresarial» por desdecirse de sus compromisos con los trabajadores de Nafarroa y «despreciar el derecho internacional a la hora de participar en este proyecto».

Ha apuntado que este proyecto «contribuye a violar la Resolución 2234 de la ONU y los tratados sobre derechos internacionales». Se trata, ha asegurado, de una construcción de tren «que refuerza la estructura de la colonización, la pérdida en la libertad de movimiento y el acceso a servicios básicos de la población palestina».

Ha recordado que otras empresas se han retirado de este proyecto «por considerar que viola los derechos humanos del pueblo palestino» y ha criticado que CAF siga adelante con ello, «cuando ha recibido una aportación importante económica de la Comunidad foral».

Por su parte, Fayroud Sharqawi, miembro de la plataforma, ha señalado que está «desempoderando y desplazando a la población palestina» con proyectos como este y que «hacen sin vergüenza, y lo llaman equilibrio demográfico entre las fuerzas palestinas e israelíes», con una presencia del 30% de población palestina en Jerusalén.

Ha criticado que el proyecto «es muy político» y «no es aceptable» porque conecta asentamientos y colonias en territorios palestinos como un incentivo «porque sale muy barato vivir en estos lugares gracias a las ayudas o a la bajada de impuestos en estos territorios».

También ha lamentado que cada vez se hagan más obras de este tipo en la zona «que van de la mano de confiscaciones de propiedades palestinas» para un «supuesto proyecto público que no lo es para las comunidades palestinas, que se ven cada vez más fragmentadas».

Por su parte, David Bondía, profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona, ha señalado que no solo la ONU «ha constatado las violaciones de derechos que se dan contra la población palestina».

Ha añadido que se debe «exigir a las empresas lo que se exige a los gobiernos» porque «sí tiene una participación y genera responsabilidad hacia la administración», ya que «actúa con fondos privados pero también públicos».

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha apuntado que «se debe luchar por mitigar las injusticias» desde los ámbitos que corresponden y ha recordado las declaraciones y grupos de trabajo que se han desarrollado y en las que su grupo parlamentario ha dado su apoyo al pueblo palestino.

Por EH Bildu, Laura Aznal ha señalado la «responsabilidad social corporativa de las empresas» en este caso y la experiencia con CAF «está siendo desastrosa, un cúmulo de malas experiencias y de tomadura de pelo al Gobierno de Navarra en su momento». Ha lamentado, al igual que Asiain, la ausencia de personal de Trenasa en la sesión que pudiera aportar al debate.

Desde Podemos, Mikel Buil ha pedido que CAF «se replantee» su papel en el proyecto porque lo expuesto «tiene la suficiente gravedad».

Por I-E, Marisa de Simón ha señalado que «ninguna empresa española debería participar en la construcción ilegal del tren de Israel» ni en ningún proyecto «que vulnere los derechos humanos».

Por parte de Navarra Suma, Carlos Pérez-Nievas ha apuntado que «es un conflicto de derecho internacional y el Parlamento de Navarra no tiene competencias» y ha criticado que se señale que «hay solo una parte en conflicto mala».

Ainhoa Unzu, PSN, ha señalado que «no hay competencia para meterse en asuntos internacionales que afectan a asuntos de una planta de una localidad navarra» y que, de no hacerse proyectos, «se vería afectado el empleo en Castejón».