ELA ha hecho pública una nota en la que asegura que entre el 70% y el 80% de los brotes de coronavirus registrados en la CAV entre octubre y enero se han dado en el ámbito laboral, ante la pasividad del Gobierno de Urkullu.

El sindicato denuncia que Lakua «no ofrece información transparente sobre el origen de los contagios, la información facilitada hasta ahora es totalmente parcial».

Recuerda que la semana pasada, el Ejecutivo informó «por primera vez sobre el origen de los brotes a petición de EH Bildu. A pesar de ser parcial, según esta información, entre octubre y enero más del 70% y 79% de los brotes se han producido en centros de trabajo (escuelas, centros socio-sanitarios, centros sanitarios y otros centros de trabajo). En los centros ordinarios de trabajo se han dado entre el 18% y el 33% de los brotes. En los datos no hemos recogido los brotes mixtos, aquellos que se han dado entre el ámbito laboral y el social».


La central destaca que esta ha sido «la única información objetiva facilitada por el Gobierno hasta la fecha, pero no ha adoptado ninguna medida para controlar los contagios en los centros de trabajo. Han limitado los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, pero no han tomado ninguna medida para garantizar la vida de los trabajadores y las trabajadoras». Añade que, en la Comisión de Sanidad del Parlamento del miércoles, «la consejera ni siquiera dio respuesta a esta cuestión tras las preguntas de la parlamentaria de EH Bildu».

ELA considera que «la decisión de convivir con el coronavirus ha fracasado: ha supuesto contagios repetitivos, una disminución constante de las libertades civiles y políticas de la  ciudadanía y ha causado muertes».

«A las órdenes de la patronal»

Considera que Lakua «ha estado a las órdenes de la patronal para mantener los centros de trabajo abiertos de cualquier manera y esta decisión también ha sido un fracaso económicamente. Los países que han apostado por la erradicación del coronavirus han tomado medidas drásticas y cortas, también han paralizado la economía cuando ha sido necesario, y la conclusión ha sido clara: han tenido menos contagios, han podido hacer una vida más normal y han sufrido un menor impacto en la economía».


«El único valor que nos han dado a los trabajadores y las trabajadoras en esta pandemia lo hemos recibido en la medida en que podíamos seguir alimentando el sistema productivo, no ha habido ningún problema para limitar otros derechos políticos y civiles o las necesidades emocionales de la población», añade.

Hasta que no se mida el efecto de las vacunaciones masivas, ELA pide al Gobierno que «establezca recursos para evitar totalmente los contagios en los centros de trabajo, al menos en la medida en que se utilicen en cualquier otro ámbito para hacer cumplir las medidas contra el coronavirus, y que ponga en valor la vida de las personas trabajadoras».