Lectura negativa la que hace el Foro Social Permanente tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el que rechaza las demandas interpuestas por las familias de Xabier Pérez de Arenaza Sogorb y Josu Muguruza, víctimas del GAL, al haber sido discriminadas al otorgarles indemnizaciones.

Estima que la decisión de Estrasburgo es un «obstáculo» en el camino a que todas las víctimas tengan derecho a la verdad, la justicia y la reparación; y las mismas vulneraciones de derechos humanos cuenten con idéntico nivel de reconocimiento político y legal, «sin tomar en consideración cuál ha sido el agente violento que las ha llevado a la práctica. Sin equidistancias y sin discriminaciones».

Incide en que esa resolución, que ampara la decisión del Ejecutivo español, ahonda, una vez más, en la consideración de «víctimas de segunda categoría» que las víctimas de la violencia practicada por el Estado siguen padeciendo hoy en día.

El Foro no entra a rebatir jurídicamente el fallo, aunque cree que los actores implicados deben reflexionar «profundamente» sobre la situación «discriminatoria» que genera este pronunciamiento en concreto y los cuatro precedentes que desestimaron las demandas de otras familias de víctimas del «terrorismo» de Estado.

«La sentencia de Estrasburgo choca frontalmente contra los consensos asumidos abiertamente por la mayoría social, política, sindical e institucional de nuestro país subraya. Por el trabajo que realizan con los partidos políticos, desde el Foro afirman que «todos ellos, con sus matices, coinciden hoy en un aspecto: la necesidad de garantizar el derecho que tienen todas las víctimas, de todas las expresiones de violencia, a ser reconocidas y reparadas. Existe un consenso muy mayoritario en este sentido».

A pesar de ese consenso, confiesan que surgen dificultades a hora de materializarse consensos en iniciativas legislativas. «Son muchos los ejemplos que aún hoy siguen generando situaciones de desigualdades entre víctimas, como por ejemplo, además de la sentencia de Estrasburgo, la reciente negativa del Gobierno español a arrojar luz sobre la muerte de Zabalza», recuerdan.

El Foro pone en valor los avances experimentados recientemente en torno al reconocimiento de la realidad de la tortura, las víctimas de la dispersión, las desapariciones forzosas, entre otros ámbitos. Por ello, cree que hacen falta «nuevas ideas, mecanismos novedosos que, apoyándose en esos grandes consensos, sirvan para superar cada uno de los obstáculos que se plantean a la hora de reconocer y reparar a todas las víctimas del ciclo de violencias, superando categorizaciones y tratamientos discriminatorios».

En ese sentido, incide en el «papel central» que tienen tanto el Gobierno de Gasteiz como el de Iruñea en ese objetivo, a quienes apelan a que hagan suyo el compromiso de garantizar de forma efectiva la superación de esta situación de desamparo.

Además, el Foro Social Permanente remarca el papel «indispensable» de la sociedad civil «para elaborar el gran puzzle del pleno reconocimiento que demanda nuestra sociedad. Porque no podemos, no queremos, pasar pagina: es necesario conocer y reparar tanto sufrimiento que, por desgracia, ha sido tan diverso y tan plural».

Insiste en que las víctimas deben obtener el reconocimiento que les corresponde, «y dejar de ser categorizadas, de una vez por todas, según la violencia que las golpeó. Nunca más ninguna víctima debe sentirse excluida».