El Parlamento de Gasteiz ha rechazado una iniciativa en la que se instaba a Lakua a poner en marcha un proyecto piloto de renta básica para la emancipación de personas de entre 18 y 23 años, «basando su diseño en la participación de asociaciones de jóvenes, agentes, colectivos y particulares de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa».

Así lo recogía la enmienda transaccional firmada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, en la que también se pedía al Gobierno de Gasteiz que «el diseño de dicho proyecto piloto asegure y permita la experimentación de la renta básica para la emancipación de jóvenes», con el objeto de «observar el comportamiento de la misma atendiendo a la diversidad de género, sexo, clase, raza, origen o estatus migratorio que caracteriza, intersecciones y condiciona» a la juventud.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU proponían que fuese un equipo de la UPV-EHU el encargado de realizar un seguimiento de este proyecto piloto, con el fin de elaborar «un informe de resultados que sirva de base para la valoración conjunta de la experiencia por parte del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco, así como de las diputaciones forales, las administraciones locales, los agentes juveniles y de las sociedad civil organizada».

La iniciativa, fruto de una moción presentada por el grupo soberanista, no ha recibido el apoyo de la Cámara, que sí ha aprobado una enmienda firmada por PNV y PSE, partidos que forman el Gabinete de Urkullu y que cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento autonómico.

Estos partidos se han limitado a instar al Ejecutivo a «continuar desarrollando y potenciando el programa Gaztelagun, flexibilizando los requisitos de acceso al mismo y poniendo en marcha alternativas innovadoras para el acceso a las vivienda de las personas jóvenes».

Críticas a Gaztelagun

Precisamente la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz ha denunciado la «poquísima capacidad» que tiene Gaztelagun para la emancipación desde los 18 a los 25, ya que la edad media de los beneficiarios se sitúa en los 29 años, y los menores de 25 son solamente el 8%.

«Explique, por favor, qué clase de efectividad es esta. ¿No decís que somos jóvenes desde los 12 a los 30? ¿Cómo es posible que no sea válida una política específica de vivienda para los jóvenes durante la mitad de la juventud, durante los años clave en los que, supuestamente, nos desarrollamos y empezamos a vivir un poco la vida adulta?», ha señalado.

La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar, por su parte, ha destacado que la pandemia ha «maximizado» las dificultades para la emancipación juvenil, por lo que considera necesario buscar «soluciones estructurales y transversales a largo plazo, combinándolas con otras de corto y medio plazo, sin hacer creer a la juventud que existen fórmulas mágicas e inmediatas para solucionarlo prácticamente todo».

Desde el PSE, Eneko Andueza ha rechazado la iniciativa de EH Bildu porque «no define nada más allá de que se desarrolle un programa novedoso en forma de renta básica para la emancipación». «Fiar las políticas del Gobierno a lo que se pueda decidir en determinadas asambleas de determinadas asociaciones de jóvenes y colectivos no me parece algo verdaderamente eficiente», ha aseverado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha subrayado que es fundamental reforzar los servicios públicos, acabar con la precariedad laboral y reforzar la política pública de vivienda, porque «le falta más ambición y más presupuesto». «Es importante avanzar en políticas públicas, y en ese sentido una renta de emancipación, un proyecto piloto, puede ser una buena herramienta para dotar de un futuro digno a la juventud», ha defendido.

Y la parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha indicado que «no se puede regalar las cosas por el simple hecho de ser joven un tiempo». «Nos toca abrir el melón y reestructurar el sistema de ayudas vasco», ha insistido en un mensaje que recuerda al planteado por Laura Garrido o Javier Maroto en pasadas legislaturas, cuando saludaron la presentación de una ILP que tenía por objeto limitar las ayudas sociales.