La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha reiterado en el pleno del Parlamento de este viernes que tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Cambio Climático no tiene sentido seguir con el proyecto de exploración de gas en Subilla, si después no se puede explotar. Y ha vuelto a hacer mención a que ahí hay una responsabilidad con los socios privados del proyecto y que es algo que habrá que analizar.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero, que es quien le había preguntado sobre el tema, ha señalado que «es una buena noticia que usted desista, por fin, pero yo creo que debiera dar alguna explicación sobre el dinero que se ha enterrado en este proyecto sin sentido. Porque han sido millones de euros despilfarrados, y creo que su gestión también queda tocada con este fiasco».

Además ha insistido en la necesidad de disolver la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) que lleva 37 años ocasionando pérdidas a los presupuestos públicos.

Pese a esta mención, la consejera no ha dado datos, limitándose a recordar que aunque Shesa es pública al 100%, los proyectos en los que participa son con socios privados. En el caso de Subilla, Shesa cuenta con el 44%, «Petrichor Euskadi Coöperatief UA, Sucursal en España», con el 36% y  «Cambria Europe Inc, Sucursal en España», con el 20%. Arantxa Tapia ha incidido en que «tenemos una serie de responsabilidades que son importantes –pueden llegar a ser responsabilidades patrimoniales–» con estos socios.

Devolución de garantías

En una reciente respuesta parlamentaria a Mikel Otero, la consejera sostenía que «si Shesa decidiera abandonar en solitario el proyecto sin haber cumplido los compromisos pendientes debería abonar su parte correspondiente de los mismos al Ministerio».

En cualquier caso, en el Boletín Oficial del Estado pueden encontrarse casos en los que el Ministerio ha procedido a la devolución de las «garantías constituidas» tras desistir las empresas titulares de sus permisos de investigación. Por ejemplo, así se hizo en octubre de 2018 con «Repsol Investigaciones Petrolíferas, SA» tras rechazar los permisos  «Nordeste-2», «Nordeste-3», «Nordeste-9», «Nordeste-10», «Nordeste-11» y «Nordeste-12».

Obligaciones con los socios

En la misma respuesta, Arantxa tapia recogía que «en todos los contratos que regulan las relaciones entre socios de un permiso de investigación o concesión de explotación de Hidrocarburos se establece, con carácter general, que el operador del permiso o concesión (en este caso Shesa) deberá realizar todas aquellas actuaciones y acciones necesarias para conservar y mantener vigente tal permiso o concesión».

Y a continuación añadía que «su inacción, si esta derivase en la caducidad de estos permisos, podría acarrear un incumplimiento del citado contrato con las posibles demandas y reclamaciones derivadas por parte de sus socios, sin poder ser a priori cuantificadas».

El parlamentario Mikel Otero había pedido copia de este contrato, pero Arantxa Tapia asegura que «incluye cláusulas de confidencialidad que Shesa no puede incumplir», por lo que la empresa pública ha pedido a sus dos socios «autorización por escrito» para poder atender la solicitud.

Técnicamente no hay recurso presentado

Por otra parte, ante la petición por parte del PP de la copia del recurso presentado por la denegación de la licencia municipal para la perforación del sondeo exploratorio, la consejera apunta que «el procedimiento contencioso-administrativo se ha iniciado por Shesa el día 5 de marzo de 2021 mediante la presentación, exclusivamente, de la instancia de solicitud de inicio del procedimiento Contencioso-Administrativo ante el Juzgado competente en Vitoria-Gasteiz».

«Consecuentemente –según asegura Arantxa Tapia– no se ha presentado procesalmente ante el Juzgado el escrito de demanda o de recurso contencioso-administrativo».