Con el lema `Memoria y justicia: ¡aquí y ahora!´, los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, CGT, HIRU y EHNE, así como grupos memorialistas, colectivos feministas, de pensionistas y culturales, han realizado este sábado una concentración ante el Palacio de Justicia de Iruñea. «Pedimos a nuestros representantes en el Parlamento de Navarra y el Congreso español que impulsen y acuerden cuantas iniciativas sean necesarias para que la futura Ley de Memoria Democrática garantice definitivamente el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la transición», han declarado.

En el manifiesto conjunto que han preparado, destacan que «la verdad, justicia y reparación reclamada por el movimiento memorialista y la sociedad en general no puede ser nuevamente arrinconada».

Para ello, consideran que «el derecho a la justicia, que conlleva la investigación penal de los crímenes cometidos, el juicio de sus responsables y la reparación integral de sus víctimas, debe ser el pilar principal sobre el que se asiente la futura Ley de Memoria Democrática».

Un anteproyecto de ley que «se queda corto»

Estos agentes creen que el anteproyecto de ley presentado «se queda corto», entre otras razones por «la invisibilización general de la clase trabajadora y de la represión específica padecida por esta».

En cuanto a los denominados «trabajos forzados», defienden que el Estado debería asumir como función propia la realización del censo de edificaciones y obras, en lugar de dejarla en manos de las organizaciones y empresas que se lucraron con ellos. «Dejar que los zorros hagan el inventario de los gallineros asaltados no parece ser la mejor de las políticas de memoria», exponen.

Censuran, además, «la inexistencia de una reparación para las víctimas», ya que según el anteproyecto, las personas que como consecuencia de las penas o sanciones impuestas por el franquismo padecieron años de esclavitud realizando todo tipo de obras públicas y trabajos en empresas privadas podrán obtener como reparación una `declaración de reconocimiento´ de lo anterior. «Ese es un aspecto positivo, sin duda. Pero más allá de esta política memorialista que reduce la necesidad de la reparación a un ámbito meramente simbólico-declarativo, lo que hace falta es que las medidas contemplen la exigencia de responsabilidades a todas aquellas empresas que, en clara connivencia con el régimen, se aprovecharon de aquellos trabajos para la obtención de ingentes beneficios».

De esta manera, los agentes firmantes del manifiesto indican que «tanto el propio Estado español, como las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo (Huarte, Agroman, Dragados y Construcciones, Renfe, MZA, Entrecanales, San Romás, Banús, Duro Felguera, Babcock Wilcox, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre….), quedan exentas de cualquier tipo de responsabilidad patrimonial, reparación o indemnización».