El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, comparecieron el lunes en el Parlamento Vasco para dar a conocer el nuevo Plan General de Seguridad Pública 2025, un documento calificado de estratégico por el Gobierno y que recoge 4 retos, 12 líneas estratégicas, 52 iniciativas y 166 acciones concretas para culminar la transición hacia el llamado Modelo Vasco de Seguridad Integral.

El «desarrollo» de ese plan lo ha realizado la consultora privada LKS Next, de la Corporación Mondragon. Así lo han comentado los representantes de ErNE, Roberto Seijo, Unai Garabieta (ESAN) y Joseba Saralegi (EUSPEL), en una comparecencia conjunta ante los medios. Han señalado que el año pasado vieron «con estupor» la contratación de una empresa para elaborar el plan, «descargando las competencias de un ente público en un ente  privado». «Increíble pero cierto», se recoge en el comunicado firmado por lo tres sindicatos.

«Subrogación de la ideología»

En un escrito reciente, ESAN ya denunció que «asistimos con tristeza a la subrogación de la ideología política. La designación de personas sin ninguna vinculación institucional para la dirección o para la propia negociación de transatlánticos de bandera nacional vasca como es la propia Ertzaintza».

Luego se preguntaba «¿cómo se explica la designación de la consultoría LKS del Grupo Mondragón para marcar las pautas y la orientación a seguir por nuestra institución? ¿En serio una empresa se va a encargar de orientar un sueño?».

En marzo de 2020, el portal de información sobre Corporación Mondragón, ‘TU Lankide’, daba cuenta de que «el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco confía en LKS Next para el plan general de seguridad pública de Euskadi».

La empresa señalaba que «la seguridad pública debe entenderse desde una perspectiva sistemática e integral, que articula el conjunto de disposiciones, procedimientos, medios y recursos destinados por las administraciones públicas a promover condiciones y remover obstáculos para que las personas puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos y libertades», que no es más que una cita de la propia ley de 2012 de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi. .

En la misma comparecencia, los miembros de ErNE, ESAN y EUSPEL denunciaron «la entrada de empresas de seguridad privada para la realización de labores de custodia en un centro policial como el de Iurreta».

A su entender, esto supone que centros policiales de especial sensibilidad, como la base de Iurreta, van a ver garantizada su seguridad por una empresa privada y nos preguntamos por qué».

Sin embargo, la vigilancia con seguridad privada de centros de la Ertzaintza no es nueva. Desde hace años Lakua gasta aproximadamente tres millones de euros al año en empresas privadas para custodiar sus macrocomisarías de Erandio y Oiartzun, la sede del Departamento en Bilbo y la Academia de Arkaute.