HRW ha hecho público un informe en el que acusa al Gobierno de Israel de perpetrar crímenes contra la Humanidad de «apartheid» y «persecución» contra los palestinos y ha instado a la comunidad internacional a condicionar cualquier relación con las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes al fin de estos abusos, así como a examinar los acuerdos existentes, incluidos los comerciales, para verificar que no contribuyen indirectamente a violaciones de derechos humanos.

En el informe ‘Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución’, la organización ha asegurado que el Gobierno de Israel favorece sistemáticamente en los territorios bajo su control a los judíos, mientras reprime a los palestinos, una política que se agudiza en el caso de los territorios ocupados.

HRW concluye que se dan condiciones equiparables al ‘apartheid’, un término acuñado en Sudáfrica y que describe una «intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro», un «contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo marginado» y «actos inhumanos». También detecta indicios de persecución, consistente en «la privación grave de derechos fundamentales a un grupo racial, étnico o de otro tipo con intención discriminatoria».

El director ejecutivo de la ONG, Kenneth Roth, ha advertido de que «el apartheid acecha a la vuelta de la esquina si las prácticas de dominio de Israel sobre los palestinos no cambian», alertando de los efectos de unas políticas que van desde maximizar la cantidad de tierra disponible para los judíos y concentrar a palestinos en zonas con mayor densidad.

Según el informe, las autoridades israelíes han adoptado políticas para mitigar lo que han descrito públicamente como la «amenaza» demográfica palestina. En Jerusalén, el plan oficial, que incluye también la parte ocupada, establece el objetivo de «mantener una amplia mayoría judía en la ciudad» e incluso especifica las proporciones demográficas que espera mantener.

Asimismo, «para mantener la dominación», las autoridades israelíes estarían discriminando de forma sistemática a los palestinos, con recursos reducidos en servicios básicos como la educación y leyes que avalan la exclusión. HRW ha constatado también restricciones de movilidad, traslados forzosos y la suspensión de derechos civiles básicos.

Los expertos han determinado que medidas como la denegación recurrente de permisos de construcción a los palestinos y la demolición de miles de viviendas carecen de justificación en materia de seguridad. El pretexto de la seguridad también serviría para congelar los registros de población en territorios ocupados y, en consecuencia, bloquear la reunificación familiar y prohibir a los residentes de la Franja de Gaza vivir en Cisjordania.

«Negarles a millones de palestinos sus derechos fundamentales, sin que exista una justificación legítima de seguridad y por el solo hecho de ser palestinos y no judíos, no es meramente una ocupación abusiva», ha señalado Roth, al hablar de una política que, a su juicio, «busca privilegiar a un pueblo sobre otro».

Depurar responsabilidades

La organización ha instado a las autoridades de Israel a revertir sus prácticas abusivas y desmantelar toda forma de represión y discriminación, si bien ve igualmente necesario que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional avance en sus investigaciones para depurar responsabilidades. También plantea el principio de jurisdicción universal y la imposición de sanciones individuales para apelar al compromiso de otros gobiernos extranjeros.

«Mientras que gran parte del mundo trata la ocupación israelí que ha durado medio siglo como una situación temporal que pronto será resuelta por un ‘proceso de paz’ que ya lleva décadas, la opresión de los palestinos en el territorio ocupado alcanza tal nivel y duración que cumple con las definiciones de los crímenes de apartheid y persecución», ha denunciado Roth.

Así, no ve incompatible luchar por la paz entre israelíes y palestinos mientras se reconoce la realidad actual y «se emplean las herramientas de Derechos Humanos necesarias para acabar con ella».

En respuesta a la publicación del informe, la Presidencia de la Autoridad Palestina ha resaltado que «es un testimonio poderoso de la lucha del pueblo de Palestina bajo la beligerante ocupación militar de Israel y sus políticas coloniales y opresivas».

El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abú Rudeina, ha señalado que «este informe, bien documentado y sólido, reafirma el compromiso de Israel con los crímenes de apartheid y persecución, lo que requiere que la comunidad internacional cumpla sus responsabilidades hacia Palestina».

«Es nuestra creencia firme que la justicia, fundamentada en la legitimidad y la resoluciones internacionales, y no la impunidad, es el único camino para lograr una paz duradera en Palestina, Israel y toda la región», ha sostenido, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

«Aumento cruel» de las violaciones

En este sentido, Abú Rudeina ha hecho hincapié en que el informe «llega en un momento en el que las violaciones de Israel contra el pueblo palestino han aumentado cruelmente, particularmente en el Jerusalén ocupado, capital del Estado de Palestina, y contra los ciudadanos palestinos de Israel».

El portavoz de la Presidencia de la Autoridad Palestina ha pedido por ello a la comunidad internacional que «revise el informe y mire sus recomendaciones, muchas de las cuales son recordatorios de sus obligaciones legales bajo el Derecho Internacional».

«Es urgente que la comunidad internacional intervenga, incluido el garantizar que sus estados, organizaciones y compañías no contribuyen de ninguna forma a la ejecución de crímenes de guerra y contra la humanidad en Palestina», ha remachado Abú Rudeina.

En esta línea se ha expresado el primer ministro de la ANP, Mohamad Shtayé, quien ha aplaudido el informe y ha reseñado que «define de forma articulada las políticas y atrocidades de Israel contra el pueblo palestino, usando la definición legal adecuada para los crímenes y los criminales».

Por su parte, el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores ha señalado, incluso antes de la publicación del informe, que se trataba de un «panfleto de propaganda», sin ninguna vinculación con «los hechos o la verdad» y redactado por una organización movida «desde hace tiempo por una agenda antiisraelí».