EH Bildu había presentado como proposición no de ley una inicitativa de la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa que planteaba que la Abogacía del Estado «defendiera a la ciudadanía o se mantuviera imparcial» en el juicio sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios que se celebrará ante el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo.

La propuesta ha sido rechazada este jueves en el Congreso con una votación que ha dividido a los grupos del Gobierno de coalición: el PSOE ha votado en contra, mientras que Unidas Podemos lo ha hecho a favor.

El PSOE ha unido sus votos a los del PP, Vox y Ciudadanos en la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja. En cambio, Unidas Podemos ha apoyado el texto junto con EH Bildu y ERC. El Grupo Parlamentario Plural se ha abstenido, aunque PDeCAT, integrante del mismo, ha mostrado su apoyo a la iniciativa.

Matute: «Si es abusivo, no es justo»

En su defensa de la iniciativa, Oskar Matute ha recordado que este jueves, precisamente, se cumplen siete años de la primera sentencia favorable para una familia guipuzcoana afectada por esta cláusula, y ha lamentado cómo el Tribunal Supremo español, pese a admitir que este índice no superaba el control de transparencia, no la considerase abusiva.

Todo ello aun cuando la falta de transparencia implicó la abusividad de los seguros swaps o las hipotecas multidivisas. «No hace falta que sea perjudicial. Si no es transparente, es abusivo. Y, si es abusivo, no es justo y tiene que derogarse», ha reclamado el diputado de EH Bildu.

Por Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha añadido que la falta de transparencia «lleva inexorablemente a la corrupción». «Y si no, que se lo pregunten a los Borbones», ha apostillado.

Además, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez «debería adoptar una posición contundente» al respecto, precisando que la propuesta, «de máximos y de mínimos», daba pie a que, al menos, la Abogacía del Estado fuese neutral en este contencioso.

Pero no es esa la visión del PSOE, cuyo representante, Manuel González Ramos, ha comentado que en el anterior litigio ante la Justicia europea la posición del Estado fue decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy. «Acertada o desacertadamente, no valoro», ha dicho, rehusando opinar sobre el fondo del asunto.

«Unen fuerzas para defender a la banca»

Por su parte, la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa –que ha agradecido el apoyo de EH Bildu, Unidas Podemos, ERC y PDeCAT– ha lamentado que «PSOE, PP, Vox y Ciudadanos unen fuerzas para defender a la banca con dinero público en el nuevo juicio europeo al IRPH».

Entrando en antecedentes, ha explicado que en la fase escrita del procedimiento, bajo gobierno de PP, y en la vista oral, bajo gobierno del PSOE, la Abogacía del Estado «defendió ante el TJUE los intereses de la banca», afirmando que no es necesario examinar si la cláusula IRPH es o no transparente y añadiendo que «no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor medio no va a entenderlas».

Y, para el caso de que el IRPH fuera declarado nulo, el Gobierno español solicitó que no se obligara a las entidades bancarias a devolver las cantidades indebidamente cobradas.

El colectivo ciudadano también ha recordado que el TJUE dictó sentencia el 3 de marzo de 2020, estableciendo que la cláusula IRPH sí debía someterse al control de transparencia, corrigiendo así al Tribunal Supremo (TS) español y desoyendo los argumentos de la abogada del Gobierno español.

Pero, desde entonces, el TS ha dictado varias sentencias en las que sostiene, «sorprendentemente», que a pesar de ello la cláusula IRPH no es abusiva.