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El TS tendrá la última palabra sobre las restricciones aplicadas por las autonomías

El domingo finalizará el estado de alarma y, a buen seguro, entrarán en vigor medidas diseñadas por las diferentes comunidades autonómicas para hacer frente al covid-19. El Gobierno español ha aprobado un decreto que deja la última palabra sobre dichas medidas en manos del Tribunal Supremo.

Sánchez y Urkullu, en la reunión del lunes. (Emilia GUTIÉRREZ | POOL)
Sánchez y Urkullu, en una imagen de archivo. (Emilia GUTIÉRREZ | POOL)

El Gobierno español ha aprobado un decreto que permitirá que las comunidades autonómicas puedan recurrir en casación ante el Tribunal Supremo las decisiones adoptadas por los tribunales superiores de justicia que afecten a las medidas diseñadas para hacer frente a la pandemia, como son el toque de queda y los cierre perimetrales. Así, será el alto tribunal el que tenga la última palabra sobre las medidas que se vayan a aplicar tras el 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma.

De esta manera, el Ejecutivo de Sánchez busca unificar doctrina y evitar que ocurra como el pasado verano, cuando, tras el fin del estado de alarma, algunas decisiones de la justicia fueron contradictorias, y en algunos territorios se permitieron restricciones que en otros, no.

Hasta ahora, los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas de Madrid, es decir, durante la vigencia del estado de alarma que les otorgaba este estatus, según explican fuentes jurídicas a Europa Press. Sin embargo, este instrumento decaerá el sábado a media noche, y con él, esa posibilidad de llegar hasta el Supremo.

Prórroga del «escudo social»

El decreto de este martes también incluye medidas para controlar los pasajeros internacionales, y aprueba la prórroga de algunas medidas del «escudo social», cuya vigencia iba ligada al estado de alarma, como la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del covid.

También se mantiene la suspensión de las reuniones de las Juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre. Y se mantiene hasta el 9 de agosto la garantía de suministro de agua y energía y el bono social; la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; y la consideración de servicios esenciales a los recursos contra la violencia machista.

Tranquilizar a las gobierno autonómicos

El nuevo decreto ha sido explicado en rueda de prensa por la vicepresidenta del Gobierno español Carmen Calvo, quien ha señalado que, con esta norma, «damos una vía garantista y unificadora que tranquilice a los gobiernos autonómicos».

Ha destacado que esta «innovación jurisidiccional va a permitir al Supremo protegernos en estas materias»y hacer que el final del estado de alarma «se haga con ponderación, eficacia y en coordinación con las comunidades autónomas», al tiempo que ha recordado que ya existen leyes que amparan restricciones por cuestiones sanitarias.

Semanas de «gestión complicada»

Por su parte, el portavoz de Lakua, Bingen Zupiria, ha preferido no valorar el decreto hasta conocer el «detalle del texto». «No conocemos el contenido, deberíamos leerlo y luego opinar», ha señalado antes de advertir de que «los próximos días y las próximas semana van a ser de gestión complicada y va a hacer falta mucho compromiso, mucha prudencia y mucha discreción por parte de todos».

En este sentido, se ha referido a las medidas que adoptará el Gobierno de Gasteiz para tratar de de frenar la expansión del coronavirus, que «tiene que ver con la movilidad, con los horarios nocturnos y con las agrupaciones de personas».

«El equilibrio de todas esas medidas nos ha permitido hacer frente a la situación, por tanto trabajaremos para contar con el número mayor de recursos posibles, con todas las garantías posibles», ha añadido, y ha remarcado que hay que seguir tomando precauciones en la vida diaria porque nada indica que el próximo verano pueda ser «normal».