El Ministerio Público ha elevado un informe al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre las medidas que contiene el borrador del decreto que pretende aprobar el Ejecutivo de Iñigo Urkullu para frenar la propagación de la covid-19.

El Gobierno autonómico presentó este pasado martes ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV el borrador del documento con las restricciones que pretende mantener para impedir la expansión de la pandemia y conocer si pueden tener garantías jurídicas.

A la espera de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo decida, la Fiscalía rechaza que la CAV pueda mantener el confinamiento autonómico y municipal, así como el toque de queda, pero no cree que se precise de autorización judicial para que los grupos de personas se restrinjan a cuatro, al considerar que no se limita el derecho fundamental de reunión.

La Fiscalía recuerda en su informe que la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio establece que el decreto de declaración del estado de alarma puede acordar la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

Entiende, asimismo, que este tipo de limitaciones debe considerarse reservado a este estado «excepcional» (de alarma), porque «si hay reserva de ley de estas limitaciones a los estados excepcionales, otra ley no puede saltarse esta reserva».

«En aplicación de una ley de sanidad de carácter general no pueden adoptarse medidas que limitan derechos fundamentales y que van dirigidas a un conjunto indeterminado de personas; son medidas propias, con legislación existente, de los estados excepcionales», sostiene la Fiscalía.

El toque de queda y los cierres perimetrales autonómico y municipales son, a juicio de la Fiscalía, medidas genéricas limitativas del derecho constitucional a circular por el territorio estatal, dirigidas a un número indeterminado de personas, que «no están justificadas» confirme a las leyes sanitarias fuera del marco de excepción.

El Gobierno de Lakua argumentó que se trata de medidas «condicionadas» a la apreciación de una determinada tasa de incidencia acumulada, pero la Fiscalía ha considerado que esta condición «incide en el juicio de proporcionalidad, pero no en el de legalidad, no superado».

«Las medidas son lo que son con o sin condicionante para su aplicación a la tasa de incidencia acumulada y, analizadas al margen de condición, no se acomodan a la legalidad», ha concluido.

La Fiscalía también se ha opuesto a un pronunciamiento por el que se autorice judicialmente la medida de restricción de la agrupación de personas a un máximo de cuatro, sin contar convivientes, por no existir limitación de derecho fundamental de reunión que haga necesaria la autorización.

Sobre el derecho de reunión, ha considerado que ha de tenerse en cuenta que el contenido constitucional del mismo queda vinculado al ejercicio de la libertad de opinión y manifestación, y si el borrador de decreto del Gobierno autonómico lo que restringe es simplemente la agrupación de personas a un máximo de cuatro, no se está viendo afectado el mismo.

«Más bien se trata», según la Fiscalía, de una previsión restrictiva a la participación en encuentros de un número de determinado de personas tendente a la disminución del riesgo de contagio, por lo que no se requiere autorización judicial.

En la tarde de este miércoles se ha conocido que la Sala se reunirá el jueves para deliberar y que comunicará su decisión el viernes. Por su parte, el Ejecutivo Urkullu, que está a la espera de la decisión del tribunal, incluirá en su decreto solo aquellas restricciones que sean validadas por la Sala de lo Contencioso.

El viernes será por tanto el día decisivo para conocer en qué queda el decreto, que quizás sea difundido el sábado y entraría en vigor el domingo, puesto que el estado de alarma decaerá en esa medianoche entre el 8 y el 9.

«No todo está en nuestras manos»

Conviene señalar que, horas antes de que se conociese el pronunciamiento de la Fiscalía, el coordinador de la comisión técnica del Plan de Protección Civil de la CAV (LABI), Jonan Fernández, ha insistido que «nos enfrentamos a semanas decisivas, porque esta bajando la tasa de incidencia y es muy importante no retroceder el camino que estamos ganando y que vamos a ganar».

En este sentido, ha señalado que «las medidas que tenemos en vigor en este momento son medidas valiosas que se han demostrado eficaces», en alusión al toque de queda, al cierre perimetral y a limitar los relaciones sociales.

Y ha destacado que «el Gobierno vasco está cumpliendo todos los trámites con un objetivo, que este sábado la sociedad tenga claro el panorama y las medidas que van a estar en vigor a partir del domingo».

Así, ha aprovechado su intervención en la Comisión de Salud del Parlamento de Gasteiz para avanzar que el mismo sábado se publicará el decreto con las normas que podrían entrar en vigor en la CAV tras el levantamiento del estado de alarma.

«El sábado estará publicado este decreto y sabremos lo que se puede y lo que no se puede hacer en el contexto jurídico en el que nos encontremos», ha añadido tras señalar que «para que ese decreto se publique se están dando ya todos los pasos necesarios, incluso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco». 

No obstante, ha reconocido que «no todo está en nuestras manos». «Hay decisiones que corresponden al Gobierno español, hay decisiones que corresponden a las instituciones judiciales y en ese marco nos tendremos que mover», ha aseverado.