Los cuatro activistas de Greenpeace que protestaron en 2018 en el Puerto de Bilbo contra la exportación ilegal de armas con destino a Arabia Saudí no ingresarán en prisión. La Fiscalía solicitaba para ellos tres años y medio de cárcel y han sido finalmente condenados a un año de prisión, aunque no tendrán que cumplir la pena después de que el juzgado la haya suspendido tras la solicitud del Ministerio Público español y la defensa.

La Fiscalía ha retirado la acusación de un delito de atentado contra la autoridad a cambio de la aceptación de los cargos de desobediencia y daños contra una embarcación de la Guardia Civil. Los cuatro activistas deberán pagar además multas por un importe total de algo más de 12.000 euros.

En un comunicado, Greenpeace ha valorado positivamente que los activistas no tengan que entrar en prisión, pero lamenta «el aumento de la criminalización de la protesta pacífica que en los últimos años se ha visto acentuada con normas como la Ley Mordaza». Además, la organización ecologista recuerda que durante todo este tiempo se han seguido exportando armas a países involucrados en la guerra de Yemen.

«Ayer conocimos cómo el Gobierno actúa en connivencia con la industria armamentística para facilitar la exportación de armamento aun sabiendo que puede ser utilizado por países involucrados en el conflicto de Yemen», ha declarado Javier Raboso, portavoz de Greenpeace.

«Sería deseable que el Gobierno acabara con el secretismo en las operaciones de exportación de armas y que cumpla la legislación nacional e internacional para evitar que se produzcan violaciones de los derechos humanos, en lugar de perseguir a las personas que protestan pacíficamente contra estas prácticas deleznables», ha añadido.