Dentro de su denominado Plan España 2050, Moncloa plantea estudiar lo que denomina «herencia pública universal», es decir, una dotación económica que todos los jóvenes del Estado recibirían alcanzada cierta edad y que podría destinarse a adquirir la primera vivienda, crear un negocio o completar la formación.

El propio Ejecutivo español señala que esa idea «puede sonar utópica», pero es posible que en las próximas décadas se haga realidad en algunos lugares y el Estado debería «explorar esta posibilidad» teniendo en cuenta los niveles de desigualdad.

El plan presenta una radiografía de la desigualdad y el riesgo de pobreza en el Estado, en los puestos de cabeza en la Unión Europea, y destaca que en la desigualdad de la riqueza, las herencias juegan un papel cada vez más crucial, ya que afectan «de manera decisiva a la equidad entre las generaciones jóvenes».

Además, advierte de en lo que va de siglo, la diferencia de riqueza que existe entre las personas de 65 años y las de 35 se ha duplicado, asemejándose ya a la que existe en Estados Unidos y también se aprecia un peor funcionamiento del «ascensor social».

«Nacer en familias de bajos ingresos condiciona las oportunidades de educación y desarrollo profesional en mayor medida que en otros países europeos», apunta el documento.

Se estima que las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en el Estado, contexto en el que plantea explorar la idea de esa «herencia pública universal».

Para reducir la pobreza y la desigualdad, el plan subraya la necesidad de modernizar el aparato productivo y el mercado laboral y mejorar el potencial recaudatorio y redistributivo del sistema fiscal.

Igualar la capacidad recaudatoria a la media de la UE, apunta, permitiría poner en marcha políticas sociales para reducir significativamente la desigualdad y la pobreza.

Junto a los impuestos, propone mejorar el sistema de transferencias sociales y las dinámicas del mercado inmobiliario.

Entre las iniciativas concretas plantea crear una nueva prestación por crianza de hijos e hijas menores de 18 años.

En un primer momento, señala, esta prestación deberá dirigirse a las familias en situación de riesgo de pobreza que no cumplen los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital y después se ampliaría al resto de familias, como ya se hace en la mayoría de los estados europeos.

La jubilación a los 67, «obsoleta»

En el ámbito económico más general, el informe presentado por Moncloa plantea un escenario a tres décadas mejor al actual, con menos paro, menos horas de trabajo, menos economía sumergida, una menor brecha de PIB respecto a los países europeos más ricos, mayor productividad, empresas de mayor tamaño o menores desigualdades.

Sin embargo, en el capítulo de las pensiones reconoce la presión que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida ejercerá sobre el sistema, lo que podría dejar «obsoleta» la edad legal de jubilación a los 67 años.

También augura el documento que el Estado se verá obligada a cerrar centros educativos a consecuencia de la pérdida de 800.000 alumnos de aquí a 2050, pero ello también abre la puerta a poder duplicar el gasto por alumno en Infantil, Primaria y ESO y pasar de los 4.880 euros actuales a unos 9.640 en el plazo de 30 años.