Esta es una de las conclusiones de un estudio encargado al Ararteko de la CAV, Manuel Lezertua, por la sección europea del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), en el que reconoce que los menores extranjeros no acompañados –denominados coloquialmente «menas»– constituyen actualmente «uno de los principales desafíos de la migración».

Advierte en su informe de que su acogida «va mucho más allá de asegurar sus derechos fundamentales y necesidades más básicas, como la alimentación, la vivienda, la atención sanitaria, la educación y la asistencia jurídica» porque el verdadero desafío al que deberán enfrentarse las autoridades europeas durante los próximos años es «su integración, su transición a la edad adulta o su futuro acceso al empleo».

El estudio constata que hay estados o lugares, como Euskal Herria, donde los menores reciben una «mejor atención» que en aquellos donde el hecho de ser menor «se supedita a su condición de inmigrante», al tiempo que reclama el derecho de estos niños a ser escuchados en todos los aspectos.

«Los estados deben esforzarse más por garantizar que todos los profesionales que trabajan con niños no acompañados en el contexto de la acogida» reciban una formación adecuada, señala asimismo el Ararteko, que también advierte de las dificultades que todavía hay para compartir información sobre los menas «tanto en el ámbito nacional como internacional».

Esta es «una deficiencia» que los estados deben corregir para poder «intercambiar de forma rápida y efectiva información confidencial y colaborar» entre sí, añade.

Acceso a servicios de salud mental

En el informe también pide un mayor esfuerzo para asegurar la rápida asignación de una tutela o representación legal en el momento de llegada del menor al país de acogida, al tiempo que ve necesario «garantizar el acceso a servicios de salud mental» a menores no acompañados con problemas psicológicos o que han sido víctimas de violencia o abusos.

«La regularización de la situación administrativa de los niños y niñas no acompañados mientras son menores de edad y están siendo atendidos, así como al alcanzar la mayoría de edad, debe convertirse en un objetivo primordial de la política de los Estados», explica este estudio del Ararteko.

Por último, insta a que cuando estos menores lleguen a la mayoría de edad sigan teniendo acceso a las políticas sociales (educación, atención sanitaria, servicios económicos y sociales), así como a medidas de apoyo individual y de seguimiento, hasta su autonomía personal.