El marco normativo acordado el miércoles en el seno del Consejo Interterritorial de Salud para regular sobre todo los horarios y los aforos de la hostelería y el ocio nocturno ha causado un fuerte malestar en el seno del Gobierno de Lakua, que rehusó participar en la votación por considerar que lo que se planteaba invadía sus competencias.

Según lo dispuesto en esa reunión, la mala situación epidemiológica y asistencial que todavía existe en la CAV provocaría cambios de calado respecto a las medidas vigentes. Por ejemplo, el cierre de los interiores en los locales hosteleros.

Sin embargo, Iñigo Urkullu expresó ayer su intención de no acatar lo acordado en el órgano de coordinación sanitaria. «Estamos viviendo un desconcierto absoluto con respecto a las actitudes del Gobierno español. Esta no es una actitud de cogobernanza, ni de gobernanza compartida, ni de gobernanza colaborativa. Sin planteamientos previos para un consenso, plantear decisiones de manera unilateral a modo de imposición no es el resultado de una cogobernanza», criticó a la entrada del Parlamento, y añadió que su Ejecutivo seguirá «manteniendo su hoja de ruta», en referencia al “Plan Biziberri III”, que según dijo «se ha demostrado eficaz y está consensuado».

La CAV está en nivel de alerta 3

Y para sostener esa última afirmación, el lehendakari aseguró que en la CAV hay «de media comparativa con el Estado menos camas hospitalarias ocupadas, menos camas UCIs ocupadas y menos fallecimientos».

Lo que ocurre es que estos datos no son ciertos. Igual que sucede con la situación epidemiológica, con la CAV liderando las cifras de incidencia, solo mejor que La Rioja, la presión asistencial no solo no es inferior a la media estatal, sino que está entre las más altas de todas las comunidades.

Así, según el último informe del Ministerio de Sanidad, actualizado ayer a la tarde, la ocupación de camas de agudos a causa de esta enfermedad es del 6,3% en los hospitales de Osakidetza, y del 22,1% en las UCI. No hay ninguna comunidad que tenga peores datos respecto al primer indicador, y solo Madrid y La Rioja presentan peores registros en cuidados intensivos: 27,5% y 26,4%, respectivamente.

De este modo, la CAV sigue estando en nivel de alerta 3, a la parte otra vez de La Rioja y peor que el resto de las comunidades. 

Pese a no avalarle los datos reales, Urkullu escenificó un plante al que se han sumado comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Galiza, Andalucía y Castilla y León, frente al que la portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, destacó que lo acordado el miércoles es de cumplimiento obligatorio. «Lo que el Consejo Interterritorial determinó, todo el mundo sabe, es de obligado cumplimiento; por tanto, se espera y no puedo esperar otra cosa, que las administraciones sanitarias con el criterio de los expertos, las pongan en marcha», expuso.  

En parecidos términos se expresó el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que desde Bilbo dijo respetar pero no compartir la posición de Lakua, y recordó como Montero la obligatoriedad de lo decidido en el Consejo.

No parece, en cualquier caso, que la fricción por este nuevo marco normativo vaya a ir más allá del cruce de declaraciones, pues la ministra de Sanidad, Carolina Darias, declaró, ante un eventual rechazó a la aplicación de las normas, que la «judicialización no es una medida que se plantea en este momento».

Lo más probable es que el Ministerio acabe por dejar hacer, como ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de Madrid. Pero en el camino, además de provocar el enfado de Urkullu, que no era impostado, ha puesto en una situación comprometida a su filial vasca.

Al lehendakari le preguntaron si su opinión es compartida también por sus compañeros de Gabinete, a lo que replicó que «el Plan Biziberri ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno por unanimidad. No tengo nada que sospechar de la actitud del PSE como socio de coalición».

Y aunque cada vez que se ha producido este tipo de encontronazos el PSE ha optado por ponerse de perfil, ayer remitió un comunicado valorando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «tiene que entender la particularidad de la situación que se da en cada comunidad autónoma, también en el ámbito jurídico, como se ha visto con las recientes decisiones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco», y donde pide «respetar las casuísticas que se dan en cada autonomía y los mecanismos previstos en cada una de ellas para garantizar la salud y lograr la reactivación de la economía».

Por el contrario, el ex secretario general de ese partido y diputado del PSOE por Bizkaia, Patxi López, consideró «lógico» que todas las comunidades acaten las decisiones adoptadas en torno a la gestión de la pandemia en el seno de la Comisión Interterritorial, para que «esto no sea el ejército de Pancho Villa y cada uno vaya por su lado».