La visita a la página web onkologikoa.org nos lleva a un sitio presidido en su parte superior por las palabras “Osakidetza” y “Onkologikoa” y, en la inferior “Kutxa Fundazioa”. El lema central de la página dice «Onkologikoa, personas que cuidan a personas», que se puede leer también en euskera, francés e inglés. Se da por hecho, por tanto, para cualquier usuario que se haya asomado a internet, que estamos hablando de un centro dedicado al tratamiento del cáncer que forma parte de la red sanitaria pública de la CAV.

Hasta aquí es lo que dice la letra grande, porque la letra pequeña matiza que esto es así, pero solo hasta diciembre de este año, cuando concluya el convenio de tres años que firmaron entre el Gobierno de Lakua y la Obra Social de la Kutxa en un acto que presidieron el entonces consejero de Sanidad Jon Darpón y el director general de la Fundación Kutxa, Ander Aizpurua; apadrinados por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Fue un convenio en el que se sentaban las bases para la integración del instituto Onkologikoa en Osakidetza, un centro referencial en el diagnóstico y tratamiento de tumores por el que han pasado miles de personas, no sólo de Gipuzkoa, sino de toda la CAV.

Se trata de un hospital que todo el mundo consideraba como público a todos los efectos, pero han sido sus trabajadores los que han tenido que recordar que esta consideración tiene fecha de caducidad en diciembre de este año. Sus empleados, que son los que han encendido las alarmas, están preocupados tanto por el futuro de Onkologikoa como servicio público como por su incierto futuro laboral, directamente unido a lo anterior. De hecho, los trabajadores llevan semanas movilizándose porque la continuidad de la plantilla no está garantizada en este proceso. Esta semana se ha producido un hito en sus protestas porque han llegado a la Comisión de Salud de la Cámara de Gasteiz.

En el Parlamento se volvió a escenificar la desgana con que PNV y PSE abordan este problema, un desdén que se remonta a años atrás, cuando se inició el proceso de vinculación de Onkologikoa en la red pública de Osakidetza, una demanda social y profesional compartida por la mayor parte de las fuerzas políticas y sindicales vascas, pero que siempre ha contado con el freno del Ejecutivo de Lakua, compartido antes y ahora por los dos mismos socios.

Se abrió en 1933

El Instituto Radiológico de Gipuzkoa se inauguró en 1933 como centro asistencial y de investigación del cáncer. Nació con el apoyo, financiación y mantenimiento de la Caja de Ahorros Provincial.

En 1945, siguiendo el ejemplo del modelo francés de centros monográficos de diagnóstico y tratamiento de tumores, creó su propia unidad de investigación. Luego, en 1952, la obra social de la entidad financiera asumió el proyecto como propio en su totalidad. En 1954 comienza el tímido camino hacia la publificación del centro con la firma del primer convenio con el Insalud, confirmación de la vocación publica del que entonces se llamaba Instituto Radio Quirúrgico, al ser más del 85% de los pacientes tratados procedentes de la Sanidad Pública.

En 1983, con el mapa público sanitario de la CAV definido por el Estatuto de autonomía, consideran al Instituto Oncológico como centro público incluido dentro de la titularidad gubernamental, donde también se incluyen los hospitales del Insalud –a la espera de la transferencia– y los de las enfermedades del tórax, ya transferidos. Entre los restantes públicos se incluían los de las Diputaciones y los de algunas fundaciones o entidades parapúblicas (Basurto, Hospital de Arrasate y, en teoría, el propio Oncológico) centros que hace muchos años se integraron a la Sanidad Publica, a excepción del Oncológico.

A principios de 1986, Kutxa valora inviable el proyecto y propone el cierre del Oncológico porque dos años antes el hoy Hospital Universitario Donostia (HUD) crea la unidad de Oncología Médica y potencia el funcionamiento de su equipo de cobalto. Se genera un conflicto en el herrialde porque los ciudadanos quieren que se mantenga abierto. Así, en 1986, el Parlamento de Gasteiz –el mismo que el miércoles recibió a sus trabajadores– se posicionó en favor del centro, con carácter complementario, como concertado. En 2009 se inauguró el nuevo edificio levantado en la zona hospitalaria de Donostia con más de 300 profesionales. En 2010 se crea la Fundación Onkologikoa, pasando los trabajadores y el patrimonio a depender de la misma y Kutxa pasa de ser propietario a patrono, junto con el Colegio de Médicos de Gipuzkoa, el Departamento de Sanidad y los trabajadores.

El 7 de marzo de 2013, la Cámara autonómica adopta un Acuerdo a favor de la integración de Onkologikoa en la Sanidad Pública. Acuerdo que reitera en diciembre de 2014.

En diciembre de 2018 se firma el acuerdo de integración en el sistema público y hoy, a seis meses de su caducidad, se desconoce tanto las pretensión de Lakua respecto a la institución y la integración de los trabajadores en Osakidetza, como la de la Kutxabank, banco que ya no es público y que es el propietario del edificio.

La privatización de las cajas regresa al lugar del crimen

A tenor del conflicto que vive, el pasado, el presente y el fututo de Onkologikoa está directamente ligado al proyecto de privatización de las cajas de la CAV que diseñó el PNV. Un proceso paralelo al que llevó a cabo UPN con Caja Navarra, con el apoyo del PSN. Este viaje a la privatización suponía dejar lastre por el camino y ese lastre era la Función Social de las cajas, algo que en su momento vendieron como «intocable», como que «quedaba garantizado» en el proceso. El paso del tiempo ha confirmado que la transición hacia la privatización fue pura, dura e irreversible, y se llevó por delante todo lo que quedaba de servicio público.

En el camino hacia la privatización, es decir, la pérdida de capacidad de decisión de la sociedad vasca en favor de intereses privados, el PNV encontró un cómplice perfecto, el PSE, que le ha servido de muleta en todo el trayecto. Sin embargo, no solo fue el PSE el aliado del PNV para esta estrategia, ahí estuvo también CCOO y el sindicato vertical Pixkanaka, dando cobertura laboral a la privatización.

De hecho son los mismos que han firmado el último convenio de Kutxabank, sumándoles en la BBK a ALE, otro sindicato amarillo que está integrado en la española Central Estatal Sindical Independiente de entidades de Crédito y Afines (CESICA) y que, como Pixkanaka y CCOO, solo piensa en el bolsillo de los trabajadores veteranos. Por eso, por prevendas, apoyaron la privatización y han firmado ahora un convenio que esclaviza a los empleados jóvenes.

A partir de ahí, con la compra de buena parte de la plantilla, lo que está haciendo Kutxa, ahora Kutxabank, es tratar de quitarse de encima toda su Obra Social, y ahí está Onkologikoa, un centro excepcional para la ciudadanía vasca pero que el PNV pone en su balance como gasto en lugar de inversión.