La Diputación de Gipuzkoa ha expresado su «total apoyo» a la titular de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, después de que ayer lunes el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa al sector en el Estado español, presentara una querella criminal por el cobro de los peajes en la N-I y A-15.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), uno de los colectivos que forma parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera, recordó que ha pasado «casi un mes» desde que el Tribunal Supremo «confirmó la nulidad» de la norma foral sobre el cobro de peajes al tráfico pesado. «Lejos de ejecutar el fallo judicial, sigue persistiendo en su desafío al Estado de Derecho, manteniendo sin cobertura legal alguna el cobro de los peajes a toda costa pese al riesgo que tal irresponsabilidad conlleva», añadió Fenadismer.  

Estas asociaciones acusan a Oiarbide de intentar «confundir» a la opinión pública y de culpar a los transportistas de la situación creada para «ocultar su fracaso personal en la aplicación de esta medida, por su negativa a negociar con el sector afectado».

Un decreto sustitutivo

Oiarbide ya indicó el pasado día 2 que la sentencia del Supremo «no será firme hasta que se publique en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, por lo que el deber y la obligación de la Diputación es continuar cumpliendo con la norma foral vigente». Su estrategia pasa por dilatar los tiempos hasta que se apruebe un decreto que entre en vigor de forma inmediata y sustituya a la norma anulada. Dicho decreto pasaría por ampliar el peaje para camiones a toda la N-I y la A-15, y no solo a determinados puntos, como ahora.

En nombre de la Diputación, su portavoz Eider Mendoza ha declarado que rechazan «rotundamente que la parte denunciante haya optado por la vía penal. No es admisible manchar así el nombre de las personas, utilizando para ello acusaciones injustas, infundadas y totalmente desproporcionadas».

Ha insistido en que «ninguna sentencia cuestiona la capacidad de la Diputación para establecer peajes en las carreteras de Gipuzkoa», y ha criticado que el Comité Nacional del Transporte por Carretera haya optado «expresamente» por la vía penal en lugar de recurrir a la administrativa –el sindicato vasco Hiru presentó una denuncia la pasada semana– con el objetivo, a su juicio, de buscar el «castigo personal».