El 11 de mayo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con un total de 6,3 millones de euros a 22 consultoras y directivos por formar cárteles que manipularon licitaciones públicas durante diez años, muchas de ellas con instituciones vascas. Se investigaron 200 contratos del periodo 2008-2018. De ellos, 173 se han considerado irregulares, de los que 101 corresponden al llamado “Cártel del Norte” y 85, en concreto, al Gobierno de Lakua, la Diputación de Bizkaia, Ayuntamientos de las capitales y el Puerto de Bilbo o Bilbao Ekintza.

Su forma de actuar consistía en que las empresas se ponían de acuerdo con otras del mismo tipo para repartirse contratos públicos. Ante una licitación  de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia, una presentaba la adecuada para ganar y las otras «ofertas de cobertura» para cubrir el expediente.

En el transcurso de esa investigación, impulsada por la Autoridad Vasca de la Competencia, en 2017, las comerciales Deloitte SL, Deloitte Advisory SL, Deloitte Consulting SLU, 97 S&F SL y Gestiona XXI Consulting SL recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la orden de entrada y registro en sus empresas.
En la sentencia 345/2017, el TSJPV recoge que la parte apelante ya «apunta la connivencia de las entidades públicas licitantes con las empresas adjudicatarias».

Las consultoras aseguran que si la Autoridad Vasca de la Competencia «hubiera realizado requerimientos de información previos habría podido observar cómo eran las propias entidades públicas licitantes las que solicitaban a la futura empresa adjudicataria el nombre de dos empresas a invitar para cumplir con las condiciones que impone la ley, incluyendo en ocasiones el importe máximo de licitación o la preparación de los pliegos de licitación».

Añaden que «podría haber inferido asimismo, que eran las entidades públicas licitantes las causantes de las conductas investigadas». Y que «cada empresa consultora adjudicataria ofrecía por petición de las entidades públicas el nombre de empresas competidoras».

Evidentemente, esto constituye una acusación gravísima contra las instituciones contratantes. Sin embargo, el TSJPV no entra en ella porque «a los efectos ahora enjuiciados (el recuso contra la orden de entrada y registro), debe deslindarse la actuación de los poderes públicos, que la Orden de Investigación no examina».

Conocían los proyectos

La connivencia de las empresas multadas con la administración también parece quedar constatada en el hecho de que el informe de la CNMC recoge intercambios de mensajes entre directivos, que evidencian que las futuras licitaciones eran conocidas de antemano por los interesados.

El grupo PP-Cs ha presentado una moción que se debatirá mañana en el Parlamento, que solicita que se inste al Gobierno de Lakua a realizar «una investigación independiente y externa» del caso. En su exposición de menciona «hechos acreditados» recogidos del informe de la CNMC, que demuestran que las firmas que pidieron «cobertura» a otras, lo hicieron  antes de que las licitaciones de las administraciones se hicieran públicas, con lo que está claro que las conocían con antelación, incluso en detalles sobre las características técnicas y el presupuesto previsto.

El parlamentario de Cs Luis Ignacio Gordillo también incluye en su propuesta que el Ejecutivo autonómico proceda a «demandar a las empresas sancionadas» en este expediente «en calidad de perjudicado por las graves prácticas cartelistas denunciadas por la CNMC y con la correspondiente exigencia de responsabilidad».
Hoy se conocerá si hay alguna enmienda de los grupos que sostienen al Gobierno.

Urkullu lo negó

En el pleno de control del Gobierno del 28 de mayo que han dado lugar a las mociones que se debatirán mañana sobre las consultoras, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, se presentaron como víctimas de la actuación irregular de las firmas. Urkullu incidió en que «no se ha acreditado indicio alguno de connivencia» de las administraciones con estas empresas. Ahora se puede entender que si no fue así es, quizá, porque nunca se investigó en esa dirección, como puede verse en la sentencia del TSJPV.

Por otra parte,  el lehendakari quiso expresamente «subrayar que el procedimiento de la CNMC no ha concluido, que ha remitido con su resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública y que cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por parte de las empresas citadas». Por ello, «el Gobierno va a mantener una actitud de prudencia para no señalar culpables, cuando el procedimiento sigue abierto»