Behatokia ha emitido un nuevo informe monográfico, que en este caso recoge la evolución de la política aplicada a los presos y presas vascos. La fotografía resultante es claramente diferente de la que había hace medio año, ha subrayado Aitzol Asla, aunque lamentando que el ritmo sea demasiado lento y haya puntos importantes pendientes.

«Actualmente, son 210 las personas presas por delitos de motivación política, cuya inmensa mayoría se identifica con los planteamientos de EPPK. 30 son mujeres, 180 son hombres. De estas personas, 57 se encuentran en las prisiones de la CAV y Navarra, 128 en otras prisiones del Estado español y 25 en las del Estado francés», ha resumido.

El jurista ha considerado que «son datos significativos, y más si los comparamos con los que difundimos hace seis meses: En enero, eran solo 25 las personas en cárceles de Euskal Herria, el 13% del total. Hoy son 57, el 31%. El 41% se encontraba en cárceles entre 150 y 400 kilómetros, hoy es el 61%. Entonces, el 18% estaba en prisiones entre 400 y 600 kilómetros de distancia, ahora ha descendido al 7%, y del 28% que estaba a más de 600 kilómetros se ha pasado al 1% de hoy».

«Podemos constatar, por tanto, que el cambio en política penitenciaria que Pedro Sánchez anunció hace tres años se está produciendo; eso sí, a pesar del acelerón de los últimos meses, las cosas se han movido más lentamente de lo que cabía esperar –ha dicho Asla–. No obstante, es destacable que hoy tan solo quedan tres presos de EPPK en Andalucía; ya no hay ninguna persona presa por estos motivos en Galicia o Levante y, así, para cientos de familiares y personas allegadas han terminado, o están a punto de terminar, esos tan largos y duros viajes».

Pese al balance global positivo, el representante de Behatokia no ha dejado de lado que «algunos puntos de nuestra Agenda Urgente de Resolución no se han cumplido aún, y no parece que vaya a ser fácil el camino hacia su cumplimiento. Hay están las dificultades que plantea la legislación excepcional para la progresión de grado o la libertad condicional, yendo más allá de la legislación ordinaria. Ahí está también la no acumulación de condenas cumplidas en otros estados, con todo lo que supone. Son 50 las personas afectadas por esta norma en el Estado español. Y son 60 las condenadas con la ley 7/2003».

«Ya estamos encontrando trabas nuevas para la progresión de grado, especialmente hacia el tercer grado. En el tercer monográfico de Behatokia, sobre la cárcel de Zuera, analizábamos algunos ejemplos. La situación no ha mejorado desde entonces, y estamos preparando, como se ha dicho ya, un nuevo monográfico sobre las actitudes reticentes enquistadas en la Audiencia Nacional, que coinciden con los planteamientos del “lobby” contrario a los cambios existente en el Estado español», ha avanzado.

Solo seis en primer grado pero pocos en tercero

Tras destacar la actitud de las personas presas de EPPK al desarrollar esta apuesta por la vía legal, ha aportado además datos significativos sobre la evolución de la clasificación en grados: «Vemos que solo quedan 6 personas en primer grado, el más duro, y de ellas 3 están con aplicación del artículo 100.2 que lo suaviza. En enero, sin embargo, eran 78 las personas en primer grado, de ellas 34 con artículo 100.2. Hoy en día, la mayoría de este colectivo, 157 personas, está en segundo grado, 5 de ellas con artículo 100.2. En enero eran 100, y 3 con artículo 100.2».

El contrapunto a ello es que «la modificación más pequeña está en el tercer grado: si en enero eran 11 las personas así clasificadas (5 de ellas en prisión atenuada), hoy son 13 (8 de ellas en prisión atenuada). Si tenemos en cuenta que entre las personas presas en el Estado español 53 han cumplido ya las ¾ partes de la condena, y por tanto, tendrían posibilidad de estar en tercer grado o libertad condicional, podemos intuir dónde estarán los problemas o trabas en la siguiente fase», ha apuntado Aitzol Asla.

Foro: «Meses decisivos»

Desde el Foro Social Permanente, Teresa Toda ha comenzado recordando que «mañana 19 de junio se cumplirá un año exacto desde que se reiniciaron los traslados efectivos de los anuncios realizados durante los meses de pandemia de abril y mayo. Con la fotografía de datos que presentamos hoy en nuestro tercer Behatokia semestral, podemos constatar el cambio que en política penitenciaria ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez, siendo el de los traslados el aspecto más visible».

«Es indudable que se va avanzando, que en este terreno, las cosas no están como estaban hace tres años, y, pese a la existencia de un “lobby” bastante poderoso contrario al cambio, se está a punto de completar una primera fase», ha considerado Toda.

«Sin embargo, no todo está hecho, ciertos pasos aún se quedan cortos. Encaramos meses decisivos para la resolución de este nudo que sigue sin desatar del todo, en la perspectiva de la construcción de convivencia democrática en la sociedad vasca y navarra», ha dicho Teresa Toda. Y ha alertado especialmente de «resistencias por parte del citado “lobby”, con su enfoque de una concepción vengativa de las penas de prisión, abiertamente contra los planteamientos más avanzados que apuestan por cumplimientos de pena que consoliden la aportación de las personas que han cumplido condenas por delitos de motivación política a la convivencia democrática de las sociedades a las que regresan».

«Es cierto que la capacidad de este lobby de condicionar el cambio en política penitenciaria es cada vez más limitada, pero no así su visibilidad mediática y utilización por parte de ciertas fuerzas políticas. No obstante, hay que constatar que sus planteamientos encuentran eco en estamentos judiciales decisivos, como la Audiencia Nacional, generando dificultades a los itinerarios penitenciarios ordinarios», ha añadido.

Frente a ello, el Foro ve «cada vez más necesaria la consolidación de una corriente de opinión mediática, jurídica, de asociaciones y personas comprometida que acompañe a la mayoría de 55% de diputadas en el Congreso español ya favorable a la convivencia democrática en la CAV y Navarra, y a las medidas y pasos necesarios para consolidarla».

Biurrun echa en falta pedagogía del Gobierno

En este contexto, junto a los datos Behatokia ha presentado este viernes una entrevista en profundidad con la jueza Garbiñe Biurrun. Para Toda, «hace una interesante aportación al insistir en la necesidad de una labor pedagógica desde las propias instituciones, para desactivar prejuicios y opiniones basadas en hechos falseados, manipulados, o mal comprendidos. Cree necesario que se explicase claramente el objetivo y base legal de las decisiones que se van tomando: ‘El Gobierno debería estar explicando todo el día por qué ha decidido acercar a estas personas presas, igual que nos han explicado las vacunas y otras cosas’, afirma.

«Considera que hay un enorme desconocimiento de lo que es la respuesta penal y la propia prisión, a la que la sociedad ha dejado “fuera” tanto física como mentalmente. Son asimismo interesantes sus reflexiones sobre las víctimas, el ejercicio de la justicia, o el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria», ha añadido Teresa Toda.