El Gobierno español ha cerrado con la patronal y los dos mayores sindicatos del Estado un acuerdo para el primer paquete de reforma de las pensiones, según han informado fuentes de la Mesa del Diálogo Social.

Tras meses de negociaciones, el pacto se ha sellado en la reunión de la mesa de este lunes y solo queda pendiente de la ratificación formal de los órganos de dirección de la CEOE, algo que previsiblemente ocurrirá este martes, ya que los negociadores de UGT y CCOO tenían el mandato para poder aprobarlo directamente.

Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social han señalado que el texto recoge tanto las recomendaciones que el Pacto de Toledo aprobó el pasado otoño como las reformas recogidas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas para poder recibir los fondos comunitarios.

Esta reforma supone que las pensiones vuelvan a revalorizarse con la inflación por ley, así como derogar expresamente el factor de sostenibilidad que incluyó el Gobierno del PP en 2013. También incluye diversas medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal y el compromiso para que el Estado asuma parte de los denominados «gastos impropios» de la Seguridad Social.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo no dejaron satisfecho al Movimiento de Pensionistas de Hego Euskal Herria, que consideró que ese organismo del Parlamento español «asume el discurso de los poderes económicos».

Precisamente, en las concentraciones semanales que se han llevado a cabo hoy, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha anunciado que se reunirá el próximo jueves, 1 de julio, para analizar las medidas acordadas y para tratar sobre las movilizaciones a plantear para el próximo otoño.

Sordo: «Una palanca muy potente»

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han destacado que la reforma supone la inclusión del compromiso del Estado como «garante» público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado por un 2% del PIB, alrededor de unos 21.000 millones de euros.

En su opinión, se culmina así el cumplimiento del principio de separación de fuentes y se garantiza cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará el sistema de pensiones para 2050, momento clave del incremento del gasto por la jubilación del denominado ‘baby boom’.

El acuerdo, explican, supone también una revisión del modelo de jubilación anticipada «reduciendo de forma generalizada los coeficientes reductores», dando «mayor equidad» a las reglas de jubilación anticipada y ampliando los derechos de jubilación en varias modalidades.

Además, se desarrollan otras medidas como la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización para las becas o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.

En rueda de prensa posterior a una reunión con IU, el líder de CCOO, Unai Sordo, ha resaltado que este acuerdo es «una palanca muy potente» para asegurar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones y que requiere medidas de ingresos.

Desde UGT, la secretaria de Políticas Europeas, Mari Carmen Barrera, ha considerado que este acuerdo es «la antítesis de la reforma de pensiones de 2013». «No gusta a los apóstoles de los recortes porque es bueno para los pensionistas y para el sistema de pensiones. y demuestra que la reforma de pensiones de 2013 fue injusta e innecesaria», ha comentado.

ELA observa «más recortes»

Muy distinta ha sido la primera valoración que ha realizado ELA, ya que considera que esta reforma «va a suponer nuevos recortes» que van a materializar en «dos fases».

Según ha explicado, en la primera, para finales de este año, «se pretenden aprobar importantes recortes en la jubilación anticipada». En la segunda, el año que viene, llegarán «recortes de las nuevas pensiones» y ha citado «el aumento a 35 años del periodo de cotización que se tiene en cuenta para calcular las pensiones o la aprobación del nuevo factor de sostenibilidad, que es un ajuste automático a la baja de la cuantía de las nuevas pensiones». 

«Esta reforma no da respuesta en absoluto a las demandas planteadas en la huelga general del 30 de enero del año pasado, acordada entre la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y el Movimiento de Pensionistas», ha indicado la central abertzale.

ELA considera que «la movilización es la única vía» para «condicionar la reforma» y, por tanto, seguirá impulsando nuevas movilizaciones.

LAB considera que «debilitará» el sistema público

En la misma línea se ha pronunciado LAB: «No nos podemos quedar mirando a lo que venga de Madrid. Las y los trabajadores vascos no esperamos soluciones desde Madrid. Es totalmente necesario, aquí y ahora, llenar de contenido el proyecto de seguridad social propia y luchar por él. Lo que necesitamos es un sistema de pensiones propio».

Para el sindicato abertzale las medidas anunciadas en Madrid «son parte de una reforma que debilitará el sistema público de pensiones y renuncian a las reivindicaciones de trabajadores, trabajadoras y pensionistas».

En su valoración de urgencia, ha resaltado que «los recortes que estableció la reforma de pensiones de 2011 se mantienen», recordando que «con la huelga feneral convocada por la mayoría sindical y social de Euskal Herria expresamos de forma clara la actitud contraria a dicha reforma».

«Vincular las pensiones al IPC es, sin lugar a dudas, una medida justa, pero es preocupante señalar que se va a dejar a un lado el factor de sostenibilidad y, seguidamente, hablar de la necesidad de otro indicador apelando a la solidaridad entre generaciones», ha precisado.