Un total de 5,4 millones de euros es la cantidad que el Tribunal de Cuentas español reclama a más de 40 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya por la promoción exterior del procés, a quienes acusa de desviar fondos para las «embajadas» catalanas y el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya, Diplocat. Entre ellos, figuran los expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, además de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull.

En concreto, reclama a Mas 2,8 millones de euros y a Puigdemont y Junqueras, 1,9 millones.

Según el acta de liquidación, del importe total, 5.151.156 euros corresponden al principal y 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación, fijado para este martes.

Ese documento detalla la cuantía atribuible a los actos vinculados al desvío del dinero que considera el Tribunal de Cuentas se produjo. Así, figuran 317.790 euros por viajes al exterior del expresident Puigdemont y sus consellers, así como 27.189 euros por actividades relacionadas con el procés, más 3.863 euros de un ‘encuentro de delegados’ y 21.175 euros por el concepto ‘contratos’.

Por uso de locales en el extranjero de Diplocat se incluyen 3.222 euros, así como gestiones relacionadas con el procés en varios países de la Unión Europea, así como en Gran Bretaña y EEUU, Estado francés, Suiza, Polonia y Alemania, que suman cantidades que oscilan entre los 32.844 euros y los 261.581 euros.

Se reseñan igualmente contratos de las delegaciones de Diplocat en EEUU por 92.843 euros, en Ginebra y ante la UE por 123.500 euros, y de su personal en el exterior y ante la UE por 127.813 euros.

En el capítulo de actividades de promoción del proceso soberanista se consignan actividades parlamentarias, académicas, culturales y deportivas que ascienden a 451.487 euros, así como 152.578 dedicados a debates europeos y ‘observación electoral’.

Se consigna como uno de los capítulos más abultados el de un contrato con la empresa Diplomat, por valor de 1.392.300 euros, y otro que acumula 932.125 euros que agrupa «visitas internacionales a líderes de opinión» junto a «visitas internacionales a periodistas», «análisis y prospectiva», «comunicación» y «promoción en red», según se indica en el informe del citado tribunal.

Por la demanda presentada por dos trabajadores de una oficina cerrada en Lleida se reseñan 80.232 euros y por la plaza del jefe de la oficina de prensa otros 134.286, a los que se añaden 17.154 del contrato de arrendamiento de Diplomat en Bruselas y varios contratos de servicios del Patronato Cataluña Mundo por 6.061 euros y 44.970 euros.

Las «ayudas a la federación de organizaciones catalanas internacionalmente reconocidas» supusieron, siempre según el Tribunal de Cuentas, 422.056 euros hasta sumar todo el expediente 5.151.156 euros de principal, que con los intereses alcanza los 5.422.879 euros.

Se les reclaman a cada uno cantidades individuales, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria, según fuentes del órgano contable consultadas. Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.

Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.

Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán tres horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos dispondrá de unos diez minutos para alegar ‘in voce’ con independencia de a cuántas personas representen, lo que es tildado de «procedimiento arbitrario» por alguna de las defensas.

«Una tomadura de pelo»

Por ejemplo, esta circunstancia ha sido criticada por Gonzalo Boye, letrado de Carles Puigdemont. «Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento», ha dicho en declaraciones a la prensa para luego insistir en que, tras conocer la información que le será facilitada por el órgano, alegará la «indefensión» ante la que se encuentra.

En este sentido ha denunciado la «falta de solvencia técnica» del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo «unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Cataluña, por la vía de coartar la acción exterior de Cataluña, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional».

Francesc Homs, quien fuera portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso de los Diputados inhabilitado por el Tribunal Supremo por apoyar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, es otro de los letrados en el procedimiento. Homs también ha reprochado que los abogados se enteraran de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa.

Ha remarcado que el hecho de no conocer antes la liquidación provisional, en su opinión «ilustra la categoría de este tribunal, que no es tribunal, porque no forma parte de la Justicia», al ser un órgano constitucional ajeno a la Administración de Justicia.

En el acto están presentes tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los representantes legales de la Generalitat, de Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y de Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos personados como acción pública.