El abogado Gonzalo Boye ha visitado este miércoles el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, donde ha analizado el término lawfare, un anglicismo que, en palabras de Amaia Goirigolzarri, de Erabakizaleok, «define la instrumentalización de la justicia, o la judicialización de la política. En definitiva, la utilización de las instancias judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad, para neutralizar al adversario político».

Boye ha advertido de que en el Estado español el concepto de lawfare tiene un componente colonial «tremendo, y es el de la imposición de la identidad nacional española frente al reconocimiento de las nacionalidades que dentro del Estado son minorías», en alusión a Euskal Herria, Catalunya y Galiza. Tres naciones que conocen muy bien el funcionamiento de la judicatura española y las formas de proceder de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional.

En este sentido, ha censurado el papel que desempeñan jueces y fiscales en esta «guerra jurídica», «retorciendo el derecho para dar apariencia de legalidad a los que no lo tiene y de esta forma perseguir a los opositores, a los que se trata trata como a un enemigo». Y ha alertado de que, en casos como el de Catalunya, «el gran fallo inicial» ha sido de los propios políticos, «dejando que un tema de su su competencia pasase a manos de unas personas que no están cualificadas».

A su juicio, la magistratura «está siguiendo el mismo parámetro que se siguió antes en el caso de ETA: una privación sistemática de derechos fundamentales y una suerte de ratificación judicial de lo que no pasan de ser versiones policiales». «Eso ha conllevado a que en su día hubiera mucha gente injustamente condenada en temas relacionados con ETA y que, en estos momentos, en Catalunya haya más de 3.000 represaliados por hechos que, en los países democráticos, no pasan de ser meros ejercicios de libertad cívica», ha añadido, antes de detallar el ejemplo del expresident Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica.

Ha recordado que el eurodiputado catalán fue detenido en Alemania, a petición del Estado español, que le imputaba unos hechos, los hechos que tuvieron lugar antes y después del referéndum del 1 de octubre de 2017. «Esos hechos fueron sometidos a la consideración de unos jueces alemanes, y esos jueces llegaron a la conclusión de que esos hechos no eran delictivos y que eran el ejercicio de la libertad de manifestación e incluso de protesta de un grupo de ciudadanos, y también una propuesta política de un grupo de políticos».

«En paralelo a eso en España había gente en prisión, y posteriormente se condenó a gente por sedición. La misma gente que ha terminado siendo indultada después de casi cuatro años de prisión», ha aseverado, antes de preguntarse a qué se debe esa «diferencia sustancial entre un delito muy grave y la inexistencia de un delito».

«Las normas se pueden interpretar de distintas maneras y se pueden forzar de muchas formas, pero cuando una persona sigue un criterio democrático de interpretación del Derecho casi siempre termina llegando a la misma conclusión: el manifestarse, el echar un papel en una caja, el hacer una declaración de intenciones no puede ser un delito. En un país democrático no puede ser un delito», ha destacado el letrado, que ha recordado que dentro del Tratado de Lisboa figura la «obligación específica» de garantizar los derechos de las minorías. Y eso, según ha explicado, pasa por reconocer el derecho a decidir.

«No puede ser que se diluyan los derechos de las naciones más pequeñas. Eso es contrario al Tratado de Lisboa, y la única fórmula y el único lugar donde se puede reclamar es en Europa», ha manifestado antes de comparar al Estado español con Polonia. «El idioma cambia, pero el fondo es el mismo. Y por cierto, hay esperanza, porque hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha exigido a Polonia el cumplimiento de sus resoluciones».

Sentido homenaje

Tras su intervención, los presentes han tributado a Boye un sentido homenaje, en el que se ha podido ver un vídeo en el que aparecen, entre otros, los expresidents Carles Puigdemont y Quim Torra; la presidenta del Parlament, Laura Borràs; el lehendakari Juan José Ibarretxe; el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi; la diputada de Junts Míriam Nogueras y la abogada Amaia Izko; así como su pareja, la también abogada Isabel Elbar, y una de sus hijas.

Todos han tenido palabras de agradecimiento para Boye, un hombre que conoce bien la represión y que en la actualidad está procesado por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El propio Boye ha señalado que se trata del mismo delito que se imputó a los abogados de Lula da Silva en otro claro ejemplo de lawfare.