Gobierno y oposición mantienen las espadas en alto ante la inminente entrada en vigor de la Ley Bitcóin, que da curso legal a este volátil activo digital a partir del 7 de setiembre. El penúltimo capítulo se vive en las redes sociales, desde donde partidos y opositores advierten a la población sobre su uso porque «perderán su dinero». Temen, además, que los trabajadores reciban su salario en esta criptomoneda, algo que el Gobierno de Bukele niega. «La oposición torpe siempre juega al ajedrez de un paso. Han apostado a meterle miedo a la población sobre la Ley Bitcóin y puede que logren algo, pero solo hasta el 7 de setiembre», asegura en Twitter el mandatario, aunque muchos desconocen qué ocurrirá a partir de ese día.

El Congreso salvadoreño aprobó el pasado 9 de junio la ley que convierte en moneda de curso legal el bitcóin para «dinamizar» su economía, dolarizada desde hace dos décadas. El Gobierno sostiene que ahorrará a sus ciudadanos 400 millones de dólares en comisiones por recibir remesas desde el exterior. «Solo ese ahorro será un beneficio enorme para nuestra gente, o al menos para quien así lo desee. También está la ventaja de no tener que cargar efectivo. Más seguro y más práctico», dice Bukele en su cuenta.

Por de pronto, ha pedido 200 millones de dólares a la Asamblea Legislativa, su aliada, para la implementación del bitcoin en el día a día. Del montante total, 150 millones se constituirán en fideicomiso, administrado por un banco estatal, para «operativizar la circulación de moneda digital bitcóin», para la «convertibilidad automática e instantánea» de la criptomoneda a dólares y «bono para billetera electrónica».

Los cajeros automáticos están siendo ya instalados. Se prevén 200 para acceder a la billetera digital Chivo, creada por el Gobierno para que la ciudadanía pueda manejarse con bitcóin. A partir del 7 de setiembre, se pondrán en plataformas de descarga de aplicaciones para teléfonos inteligentes y quien lo descargue recibirá «gratis el equivalente a 30 dólares en bitcóin para operar».

Decisión cuestionada

¿Y qué pasa si alguien no quiere usar bitcóin? «Pues nada, no baje su aplicación y siga su vida normal. Nadie le va a quitar sus dólares como dice la oposición», asegura Bukele en un intento de negar su obligatoriedad. Pero sus manifestaciones no convencen a un gran número de salvadoreños y generan aún más confusión.

El artículo 7 de la Ley Bitcóin recoge que «todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio». Este enunciado trae de cabeza al transporte de mercancías, sector que ha pedido la modificación de ese punto o su exención en el cumplimiento. «Ningún transportista de Centroamérica que sea contratado por una entidad económica en El Salvador aceptará como forma de pago el bitcóin, creando división en el sector por pagar al extranjero en dólares y al nacional por estar obligado en bitcóin», indicó en un comunicado publicado en la prensa del país.

El transporte público de pasajeros tampoco sabe qué hacer y reclaman explicaciones, ya que «no tenemos mayor información de esa aplicación, de esa moneda o de cómo va a ser para poder aceptarla».

La incertidumbre también se extiende entre los comerciantes después de oir a Bukele que los comercios podrán «aceptar las criptomonedas, pero no recibirlas».

De acuerdo con un sondeo universitario, la adopción del bitcóin como moneda de curso legal es vista como una decisión poco o nada acertada por el 77,5 % de la población.

La encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) señala que el 24% considera la decisión como poco acertada y el 53,5 % como nada acertada, mientras que el 12,9 % dice que es acertada y el 6,5 % muy acertada.

Las alarmas también suenan en el ámbito financiero. En un informe dado a conocer esta semana, la agencia de calificación Moody’s avisa de que la implementación de este volátil activo digital es «crédito negativo para los bancos porque aumentará el riesgo de desintermediación, los costos de financiamiento a través de una mayor competencia por los depósitos, erosionará la tarifa ingresos y aumentará los riesgos operativos y de cumplimiento».

El 7 de setiembre cada vez está más cerca y persisten las dudas y preguntas sobre lo que ocurrirá a partir de ese día.