Catalunya pasa a tener desde esta medianoche 56 kilómetros menos de vías de peaje tras finalizar la concesión de cuatro tramos de las autopistas AP-2 y AP-7 –de titularidad estatal–, y C-32 Norte y C-33 –dependientes de la Generalitat–, que cuentan con las barreras más antiguas y que han sido durante décadas escenario de grandes atascos de coches.

Todas esas imágenes quedarán atrás cuando el reloj marque la entrada del 1 de setiembre, momento en el que en Catalunya ya solo quedarán 120 kilómetros de pago, en la C-32 Sur, con los túneles del Garraf, y en la C-16, entre Sant Cugat-Terrassa-Manresa, con concesiones que no terminan hasta finales de la próxima década.

El levantamiento de algunas barreras se ha llegado a adelantar en algunos puntos unas horas y hacia las 20.00 horas del martes los coches circulaban ya sin pagar en puntos como el peaje de La Roca, de la AP-7. 

Atenció!! Barreres dels peatges de l'AP-7 obertes des de la Jonquera fins a Tarragona. De moment s'han acabat les retencions i el pagar. Gaudim tots plegats del viatge però amb responsabilitat i seny. pic.twitter.com/Jo8LsbhUAs

— Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) August 31, 2021

En concreto, pasan a ser gratuitas la AP-2 en sus tramos Alfajarín (Zaragoza)-Mediterráneo y Tarragona-Barcelona, y la AP-7 entre La Jonquera y Salou (Tarragona), tramo en el que se encuentra el peaje de La Roca, uno de los más utilizado y que habitualmente concentra más colas.

¿Y ahora qué?

La ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez se ha referido a una de las grandes incógnitas que se plantean: cómo se mantendrán las vías liberadas a largo plazo, y ha explicado que el Gobierno quiere aplicar un sistema basado en que paga el que usa y contamina, aunque ha dicho que este «no tendrá nada que ver» con los peajes como los conocemos.

Sánchez ha abogado por «ser didácticos» y «asumir que, si queremos una red de carreteras competitiva y que sea sostenible, también hay que asegurar que se pueda financiar principalmente por las personas que la usan, siguiendo el lema de quien contamina, paga».

La Comisión Europea apremia, por su parte, para que en 2024 se establezca una nueva forma de pago que asuma el principio de que paga quien usa las infraestructuras y quien más contamina, y la Generalitat ha apostado históricamente por la viñeta –una suerte de tarifa plana–.

En respuesta a las ministra, el vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha exigido de nuevo al Gobierno español el traspaso «inmediato» a la Generalitat de las autopistas de titularidad estatal.

Otra de las incógnitas que plantea la nueva realidad de carreteras sin peajes es hasta qué punto estas vías están preparadas para asumir el incremento de tráfico que se da por seguro se producirá.

Otras licitaciones

Coincidiendo con el día del levantamiento de los peajes, la Generalitat ha adjudicado este martes el mantenimiento de la C-33 y C-32 Norte, que son de titularidad del Govern –la AP-2 y la AP-7 dependen del Estado– a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sorigué, Comsa e Innovia Coptalia por un valor de 8,4 millones de euros.

El Ministerio de Transportes licitó ya en abril siete contratos para la conservación y mantenimiento de la AP-7 y la AP-2 para cuando finalicen las concesiones por un importe total de 137 millones de euros.

Este cambio en el mantenimiento se ha cobrado 340 puestos de trabajo de empleados de filiales de Abertis, que ya ha acordado un ERE con los sindicatos para el día siguiente al fin de las concesiones.

El fin de los peajes reportará ahorros en los bolsillos de los usuarios, aunque conllevará pérdidas para los 132 municipios que hasta ahora recaudaban el IBI y que dejarán de ingresar 14,4 millones por este concepto, según datos de la Generalitat.