El Gobierno venezolano y la oposición arrancaron el viernes en Ciudad de México la segunda ronda de diálogo, con el fin de desencallar la difícil crisis política que atraviesa el país y, entre otros temas, lograr el levantamiento de las sanciones. En vísperas de esta segunda fase, la oposición a Nicolás Maduro anunció que tomará parte en las elecciones regionales y locales de noviembre, lo que evidencia avances en las negociaciones.

Las delegaciones del Gobierno de Venezuela y de la oposición al presidente, Nicolás Maduro, volvieron a sentarse el viernes (madrugada de ayer en Euskal Herria) en la mesa de diálogo instalada en Ciudad de México, bajo el auspicio de México y la  mediación de Noruega, para abordar su segunda fase con las elecciones como telón de fondo.

Y lo hicieron dos días después de que el bloque opositor mayoritario, vencedor en las legislativas en 2015, anunciara su decisión, a pesar de sus reticencias, de concurrir a los comicios regionales y locales del 21 de noviembre con la papeleta de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), inhabilitada en 2018 y rehabilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 29 de junio

La primera ronda acabó el 16 de agosto con la firma de un memorando de entendimiento y ha traído la excarcelación y rehabilitación de muchos opositores.

Uno de ellos, el exdiputado Freddy Guevara, liberado ese día. Su reciente apuesta por la «convivencia» con el gobernante PSUV y por encontrar vías de solución a la crisis a través del diálogo han servido para aliviar la tensión entre las partes. Y también para evidenciar la cada vez mayor soledad de Juan Guaidó, cuyos planes para sacar del poder a Maduro han fracasado y quien, hasta ahora, se había mantenido firme en sus llamadas al boicot a los comicios.

Horas después, la Plataforma Unitaria, que reúne al grueso de la oposición, incluido el sector que lidera Guaidó, dio un giro a la estrategia de boicot de los últimos tres años al anunciar que se presentará a las elecciones de noviembre, aunque no serán «justas ni convencionales», porque sus bases así lo pidieron para evitar quedarse sin ninguna representación. Una decisión que fue aplaudida por Maduro.

En diciembre de 2020, la oposición se negó a participar en las legislativas al considerarlas un «fraude». Aquella decisión permitió al chavismo recuperar el control de la Asamblea Nacional, el único poder en manos opositoras desde  2015. La oposición respondió con la convocatoria de una consulta popular. En ambas, la participación no llegó al 40%, reflejo del hartazgo ciudadano tras años de bloqueo político y de crisis económica y social.

Diálogo y CNE

El proceso de diálogo en marcha parece la vía para encauzar la compleja y encallada situación, como indica el cambio en la oposición que aseguraba que no participaría nunca en un proceso electoral organizado por el Ejecutivo bolivariano.

La propia Plataforma Unitaria se refirió a las conversaciones de México como el principal motivo de su decisión para «motivar al pueblo a ser parte de esta lucha».

Pero el primer paso fue la elección en mayo por la Asamblea Nacional, de amplia mayoría chavista, del actual CNE, que está compuesto por tres rectores de perfil oficialista y dos opositores, cuya presencia favoreció que algunos sectores de la oposición decidieran participar. Es el caso de Henrique Capriles, muy crítico con la estrategia de Guaidó.

La falta de unidad es una de las debilidades de la oposición venezolana y la falta de avances políticos ha contribuido a generar nuevas grietas y el distanciamiento público de Capriles, más partidario del diálogo con el Gobierno, respecto a Guaidó.

La principal aspiración de la oposición en México es que este diálogo facilite unos comicios «libres, justos y transparentes», lo que no quiere decir que haya renunciado a su objetivo de sacar del poder a Maduro. Pero los sucesivos fracasos le han llevado a retomar la vía de las elecciones, que espera que le den mejores resultados y consiga arrebatar alguna gobernación al chavismo.  

En la agenda del Ejecutivo, por su parte, figura como único objetivo el levantamiento de las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados y la devolución del oro y las cuentas bancarias en distintos lugares del mundo para recuperar la economía del país, algo que la contraparte en la mesa deberá gestionar con Washington.