El Gobierno de Lakua ha puesto sobre la mesa este viernes que el Estatuto viene sufriendo desde su aprobación «las consecuencias del impulso recentralizador del Gobierno español de turno», a través de la «progresiva intromisión y, en ocasiones, laminación de las capacidades de las administraciones vascas a través de ingeniería jurídica de diferente índole es moneda corriente por parte del Estado».

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, acompañada de la directora de Autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, ha hecho esta denuncia durante la presentación del libro «La erosión silenciosa», que recoge los informes jurídicos elaborados por expertos sobre «el vaciado de las facultades exclusivas de Euskadi mediante diferentes vías de ingeniería jurídica por parte de los poderes del Estado». El libro, editado en castellano y en euskera (bajo el título ‘Higadura isila’), alcanza casi las 700 páginas, lo que en opinión del Ejecutivo autonómico es un dato que en sí mismo da una idea del volumen de la injerencia estatal en las capacidades de Euskadi.

Esta erosión de las competencias de la CAV se hace a través de diversas estrategias, en las que intervienen –según ha señalado Olatz Garamendi– «la legislación estatal, la jurisprudencia constitucional y el despliegue del poder normativo y ejecutivo del Estado español». Y la consejera ha asegurado que se trata de un «erosión silenciosa, continua, blanca porque se hace apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, sobre todo, muy perjudicial para los intereses de las instituciones y el conjunto de la sociedad vasca».

Diversas vías de recentralización

Con todas estas prácticas, que tienen además incidencia en cuestiones que afectan al día a día de la ciudadanía, se rompe el espíritu del pacto estatutario. Se hace por distintas vías. Una es la invocación y aplicación de títulos competenciales transversales del Estado para legislar sobre materias que se reconocieron como competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Otra fórmula es recurrir a razones excepcionales para la atribución de funciones ejecutivas no reservadas constitucionalmente al Estado.

También se vale del poder de gasto estatal para influir en políticas públicas de competencia autonómica. Según denuncia Lakua, Madrid emplea esas inyecciones financieras para dirigir la actividad de sectores que se encuentran fuera de su ámbito competencial.

Todo ello está recogido en este el libro que comenzó a elaborarse en la pasada legislatura, ha sido editado por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y elaborado por expertos jurídicos: José Andrés Blasco, Luken Larburu, Javier Moreno, Zelai Nikolas y Luis María Rousse, además de la propia Begoña Pérez de Eulate, que también ha sido la coordinadora del estudio.