La Audiencia Nacional ha procesado a 13 independentistas catalanes por «pertenencia a organización terrorista» y «fabricación, depósito y tenencia de explosivos» en relación con las detenciones practicadas en setiembre de 2019. Los identifica como «miembros del Equipo de Respuesta Táctica» de los CDR.

Los investigados, según el juez Manuel García Castellón, «comparten principios ideológicos favorables a la independencia y el activismo radical para conseguirla», a lo que añade que «su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Catalunya, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Catalunya del resto de España».

Esa «violencia en su máxima expresión», a lo largo del auto, se traduce en «cortes de carreteras», «vertidos de aceite en la calzada» o «levantamientos de peaje» o «movilziaciones generales» como las de Tsunami Democratic. En su auto de procesamiento, el magistrado considera que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica y les acusa de planear una ocupación del Parlament «bajo las órdenes de un CNI catalán» y «defenderlo».

El auto, de 45 páginas, viene a criminalizar la actividad de los CDR, remarcando que «tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material».

Como pruebas, García Castellón cita «incontables encuentros» entre los encausados o «altos niveles de seguridad» en los teléfonos móviles de los mismos. Asimismo, da por bueno el informe de la Guardia Civil que señala que de los distintos objetos encontrados en los registros realizados durante las detenciones «se deduce la intención de implementar un laboratorio casero e ilegal para la génesis casera de sustancias explosivas». En concreto señala que los procesado pretendían fabricar termita, una mezcla pirotécnica a partir de aluminio y óxido metálico que tiene usos civiles como soldar ruedas de ferrocarril.

Todo ello a pesar de que en el auto de excarcelación de varios de los detenidos, tres meses después de su detención, el juez José Ricardo de Prada dejó claro que las sustancias halladas «no son en sí mismas explosivas» y que las circunstancias de Codina son las mismas que las de los tres previamente liberados a tenor de la «objetiva inexistencia de explosivos».

Los delitos de «pertenencia a organización terrorista» están castigados con penas que van de los seis a los 12 años, mientras que los de «tenencia de explosivos», con penas de los ocho a los 15 años.