Con el rechazo de Vox y la abstención de PP+Ciudadanos, el Parlamento de Gasteiz ha instado a los gobiernos español y de Lakua a culminar «cuanto antes» el traspaso del Ingreso Mínimo Vital.

Asimismo, ha reclamado que se haga de «forma íntegra» con el objetivo de reforzar el sistema de la CAV de garantía de ingresos, de cara a hacer frente a la pobreza y la exclusión y de avanzar en la cohesión social.

Este emplazamiento se recoge en una enmienda pactada entre PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, a una iniciativa defendida por la coalición abertzale en el primer pleno ordinario de este curso político en la CAV.

El pasado viernes la ministra española de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se comprometió a plantear a lo largo del mes de octubre al Gobierno de Lakua una propuesta de trasferencia en torno a esta figura, que por mandato legal tiene que ser traspasada antes del próximo 31 de octubre.

Con el objetivo de que esta competencia llegue a la CAV en el menor tiempo posible, Nerea Kortajarena, de EH Bildu, ha defendido su propuesta y el acuerdo alcanzado como un instrumento para «reforzar la posición negociadora como país en temas prioritarios y estratégicos como este».

Ha opinado que esta competencia es una «ventana de oportunidades» para adaptar el IMV al sistema de la CAV y ha considerado que debería ser el «paso previo» al traspaso de las políticas activas de empleo y de la gestión económica de la Seguridad Social. «No nos conformamos con la mera gestión, no queremos ser una sucursal de España», ha advertido.

Desde el PNV, Jon Aiartza ha querido ver el «vaso medio lleno». «Queremos pensar que el asunto se ha desatascado y que la nueva ministra se ha activado en esta cuestión. Nos quedamos con que va a llegar en breve y con que va a llegar en los términos pactados, es decir un traspaso íntegro, concreto, sin recortar funciones ni servicios, un traspaso que respete el autogobierno», ha defendido Aiartza.

David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, ha advertido de que esta transferencia es «tan necesaria como la gestión eficaz de la RGI», por lo que ha dejado claro que el IMV debe «fortalecer» el sistema de protección social y ha subrayado que su grupo vigilará para que su llegada no implique la «merma» de este sistema.

Por el PSE, Ekain Rico ha dicho que la negociación «va en buen camino» y ha confiado en que se cierre en términos de acuerdo tras insistir en que ambos gobiernos «tienen voluntad de avanzar».

Por parte de PP+Cs, Carmelo Barrio ha explicado la abstención de su grupo y ha dicho que no comparte que se pida el traspaso «cuanto antes», porque lo relevante es que llegue «con todas las garantías legales y todo el rigor jurídico y presupuestario», ya que se trata de un proceso «complejo».

Por último, Amaia Martínez, de Vox, se ha mostrado en contra del IMV tal y como está diseñado porque supone un «efecto llamada al desempleo crónico».