El primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial de la Arquitectura, justo la misma fecha en la que se conmemoraba el Día del Hábitat. Una coincidencia nada casual, debido a la vinculación entre el desarrollo urbano sostenible y la arquitectura. Y una conexión que algunos echan en falta en todo el proceso que rodea la aprobación de ‘Agravitas’, el proyecto con la firma de Norman Foster&Partners que plantea un radical cambio tanto en la fisonomía del Museo de Bellas Artes de Bilbo como de su entorno, el parque de Doña Casilda.

Ambos bienes culturales están protegidos con el máximo grado en el Plan General de Bilbo –uno es de  Protección Especial, y el otro, como Conjunto de Conservación Integral–, algo que, según las voces críticas que desde hace tiempo vienen protestando contra este proyecto, las instituciones no han tenido en cuenta.  

Ante la inminencia de las obras y con la licitación del edificio histórico ya en marcha, el pasado viernes Iñaki Uriarte junto con otros arquitectos, en representación del movimiento ciudadano Defensa Cívica del Museo de Bellas Artes de Bilbo, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la CAV, competente en delitos contra el patrimonio. También ante la Fiscalía General del Estado, porque el museo está bajo la protección y protección de la legislación estatal.

Este movimiento ciudadano es una plataforma surgida en torno a un manifiesto suscrito por 72 arquitectos, personas del mundo de las Bellas Artes y otros profesionales. En su denuncia se pide a las fiscalías la «inmediata paralización de las obras», debido al «cúmulo de irregularidades e ilegalidades» que se habrían producido en el proceso de elección y aprobación de este proyecto y que podrían ser «constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y el patrimonio cultural».   

El proyecto promovido por la Fundación del Museo (compuesta por Ayuntamiento de Bilbo, Diputación de Bizkaia y Gobierno de Gasteiz) no solo ha provocado las críticas de esta plataforma. De hecho, existe un informe de la Comisión de Monumentos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el que la veterana institución se pronuncia contundentemente contra el proyecto al considerar, entre otras cosas, que atenta contra varios artículos de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco. En su texto, esta entidad critica también la actitud permisiva de  las instituciones vascas.

Visto que no se ha tenido en cuenta –«atrevidamente, lo han despreciado, descalificándolo y prosiguen con la tramitación del proyecto con una apariencia de normalidad y legalidad que resulta socialmente insólita, culturalmente ofensiva y judicialmente punible», se puede leer en la denuncia–, la plataforma ciudadana ha optado por denunciar estos hechos ante las dos fiscalías.

Al margen del recorrido que pueda tener el proceso legal, una incógnita de momento debido a que no es habitual que se presenten denuncias relativas al patrimonio cultural, el escrito plantea una serie de hechos que los denunciantes quieren llevar ante la opinión pública, ante la que califican de «insólita transgresión de la legalidad administrativa y cultural» .

En la denuncia, básicamente se arremete contra al proceso llevado a cabo desde los poderes públicos para la aprobación de este proyecto, desde el concurso hasta su tramitación. También apuntan que faltan por realizar varios informes. Concretamente se plantea a la Fiscalía que se pida a la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística el que sería un informe perceptivo (artículo 47 de la citada ley) para la tramitación urbanística y otro para la ambiental.

‘Agravita’, además, apuntan los denunciantes, transgrede varios artículos de la Ley de Patrimonio, tanto en lo relativo a la arquitectura del museo como del parque que lo acoge.    

La génesis

En  junio pasado, Norman Foster presentó una nueva versión de ‘Agravitas’. Un proyecto con un presupuesto que rondará los 23 millones de euros, con fecha de finalización prevista para finales de 2023 e inicio de obras en octubre. Luego pasó a noviembre. Hasta el momento, la Fundación ya ha sacado a concurso, por 1,2 millones de euros, la contratación de la primera fase de acondicionamiento parcial de sus instalaciones, cuya ejecución está prevista que se prolongue entre cuatro y seis meses.   

La génesis de este proyecto, según el relato de los denunciantes, arranca con la llegada «de un nuevo director cuyo objetivo, al parecer, evidente, es lograr un hito arquitectónico que compita con el cercano Guggenheim». La Fundación convocó un concurso internacional de proyectos cuya primera fase se decidió en base a méritos contraídos. De los diez miembros del jurado solo había cuatro arquitectos... mientras que, dice la denuncia, las normas vigentes piden que estos constituyan al menos dos tercios. Otro dato, uno de ellos era Luis Fernández-Galiano, miembro de la Foster Foundation.

El proyecto elegido fue ‘Agravitas’, redactado por el equipo de Norman Foster&Partners y LM Uriarte Arkitektura S.L.P. «El proyecto infringe manifiestamente las propias bases del concurso en cuanto que rebasa las alineaciones como límites de la intervención, y prescinde de los condicionantes culturales que su catalogación exige, establecidos en el mismo –figura en la denuncia–. Asimismo, su tramitación administrativa es irregular. Se incumple en dos ocasiones la normativa urbanística vigente, PGOU de Bilbao y especialmente la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco, que es vulnerada en ocho de sus artículos e incluso la legislación española en tres, que, a pesar de las competencias transferidas en el Estatuto de Autonomía, están plenamente vigentes», afirman los denunciantes.  

Sin informes, sin musa

«Dada la condición del museo como elemento catalogado por la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco al máximo nivel como elemento de Protección Especial», explican, la Consejería de Cultura estaría obligada a redactar un informe oficial propio. No habría tal informe, pero sí «un extraño documento ajeno», titulado “Análisis y Valoración del Plan Especial de Ordenación Urbana para el Proyecto de Ampliación y Reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao”, que el director de Patrimonio Cultural habría reconocido que su departamento “asume” como propio. Un hecho que califican de «engaño documental».

Ese informe es en el que el Ayuntamiento se basó para promover un Plan Especial para el museo... y también habría servido, en consecuencia, para «amparar las irregularidades e ilegalidades del proyecto».

Mientras, ‘Agravitas’ sigue su camino. En aquella presentación ante los medios que realizó en junio, Norman Foster anunció una novedad: una modificación de la última planta en la que se sacará una terraza flotante, que no se incluía en los planos iniciales y aportará 700 metros adicionales para albergar exposiciones de escultura. Anunció también que la nueva infraestructura, que se llamará espacio museográfico BBK Museoa, incluirá una amplia sala de exposiciones temporales de 1.500 metros cuadrados, abierta a la terraza y conectada a través de un óculo con la entreplanta.   

En lo que no habría cambios sería en la conversión en parte del vestíbulo del monumento a Juan Crisóstomo Arriaga, ‘Euterpe’ (1933). Esto, por cierto, lo califica la denuncia de «expoliación y privatización del espacio público». De hecho, el monumento no pertenecería al museo y en el Plan General figuraría catalogado como elemento protegido de Nivel A, el máximo.

El movimiento Defensa Cívica del Museo de Bellas Artes de Bilbo se prepara ahora para un nuevo acto de protesta –una vigilia con velas– para ‘salvar’ al monumento. De momento, la musa sigue en su sitio.