Al grito de «Ciudadanos contra el golpe», miles de manifestantes han ocupado la céntrica avenida de Habib Bourguiba bajo un amplio despliegue policial, después de que las autoridades les hubieran denegado el permiso para celebrar una marcha en la contigua avenida de Mohamed V.

Los organizadores han denunciado presiones contra las agencias de viaje para impedirles alquilar autobuses, además de la anulación de varias líneas de tren de larga distancia con el fin de evitar el desplazamiento de ciudadanos desde otras regiones. Además,  acusan a las fuerzas de seguridad de sitiar la protesta tras imponer multitud de controles y bloquear los  accesos al lugar.

«Estáis aquí para protegernos, ¿por qué nos empujáis? Os presionan para hacerlo pero vosotros sois más inteligentes para evitar caer en las mismas prácticas del régimen de Ben Ali», ha reprochado una mujer a los cientos de agentes uniformados y de paisano que imposibilitaban la entrada a la avenida.

Samir Dilou, uno de los responsables del partido islamista Ennahda, principal fuerza en el Parlamento, ha declarado en las redes sociales una tentativa por parte de la Presidencia para enfrentar a los cuerpos de seguridad contra los defensores de la llamada «lucha por la legitimidad», que aboga por el retorno de Túnez a la vía democrática.

Entre los presentes se encontraban también figuras de diferentes corrientes políticas, entre ellas el exdiputado conservador Yassine Ayari, recientemente liberado tras cumplir dos meses de cárcel por orden de la justicia militar, acusado de «atentar contra la moral del Ejército», y después de que el mandatario retirase la inmunidad parlamentaria a sus 217 miembros.

«No somos insectos, somos ciudadanos»

Algunas de las pancartas mostraban mensajes como «No somos insectos, somos ciudadanos», en alusión al discurso del presidente que calificó días antes a sus adversarios de «insectos que acechan al país».

«Los manifestantes han venido de todos los rincones para mostrar su empeño en no dejar al país y a las libertades en manos del presidente. Seguiremos resistiendo por todos los medios pacíficos pero siempre con la Constitución por delante, la Constitución que él ha violado», ha declarado ante la multitud Jaouhar Ben Mbarek, conocido constitucionalista y uno de los principales opositores de Said.

El pasado domingo cientos de simpatizantes se manifestaron en apoyo al presidente, que defiende un cambio de régimen político para pasar de una democracia parlamentaria y participativa a otra de corte presidencialista con la excusa de la lucha contra la corrupción.

Desde que el pasado 25 de julio Said decretó el estado de excepción, que incluyó el cese del primer ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha arrogado plenos poderes con el fin de «recuperar la paz social».

Mientras la mayoría de partidos califican esta iniciativa de «golpe de Estado», otras formaciones consideran que se trata de una «rectificación» de la revolución de 2011 que puso fin a las décadas de poder del dictador Zine El Abidine Ben Ali, fallecido en setiembre de 2019.

Tras dos meses de incertidumbre, el mandatario nombró como primera ministra a Najla Bouden, una alta funcionaria y desconocida de la escena política que se ha convertido en la primera jefa de gobierno en el mundo árabe. y que deberá formar un Ejecutivo «lo antes posible», aunque todavía se desconocen sus prerrogativas.

Durante este periodo, los tribunales han abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares –arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país– contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados; lo que ha desatado las críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos.