En caso de que la Red de Vigilancia de Casos y Contactos Estrechos de Osakidetza no dispongan de la filiación de las personas que conviven con quien haya dado positivo en covid, podrá pedir a la Ertzaintza la «identificación de todas las personas que están en el domicilio», y después «remitirán todo los datos» a la Red «para proceder a comprobar si son contactos estrechos».  

Esta instrucción se recoge en el «Protocolo de Colaboración Ertzaintza-Departamento de Salud y Osakidetza», que también prevé que la Ertzaintza colabore con los servicios de rastreo en la notificación a domicilio de casos positivos de covid o contactos estrechos que «no puedan ser localizados por los medios habituales» de Osakidetza. Otra opción recogida en el documento es que la policía se encargue de la «comprobación de un aislamiento correcto».

Denuncia sindical

A mediados de agosto y después a primeros de setiembre, un sindicato de la Ertzaintza denunció que las patrullas reciben órdenes para ir a controlar si personas con positivo por covid-19 cumplen el confinamiento establecido. En opinión de SIPE, la cesión de ciertos datos a la Policía autonómica podría vulnerar el derecho a la intimidad y a la protección de sus datos de las personas que han dado positivo por covid-19, lo cual sería una práctica ilegal, y por ello presentaron la debida denuncia ante la Agencia de Protección de Datos.

La Ley Antipandemia aprobada por la Cámara autonómica el 24 de junio incluye un artículo número 19 de «inspección y control» que recoge que «las policías locales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a su normativa reguladora, velarán por el cumplimiento de las medidas contempladas en esta ley». Pero en ninguno de sus cinco párrafos contempla la indagación de los convivientes con un caso positivo, lo que parece difícil de averiguar sin que la Ertzaintza viole la intimidad del domicilio.

En vigor más allá de la ley

La propia ley aclara que solo estará en vigor mientras esté vigente la declaración de emergencia sanitaria y concreta más aún al señalar que los artículos «que comprendan medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general estarán en vigor mientras esté vigente la declaración del estado de alarma».

En este momento no está declarada la emergencia sanitaria, que se levantó en la CAV el 7 de octubre con un decreto firmado por lehendakari. En cuanto al Estado de Alarma, éste acabó el mes de mayo.

Pese a ello, el «Protocolo de Colaboración Ertzaintza-Departamento de Salud y Osakidetza» sigue en vigor, según se desprende de la respuesta remitida por el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, al Parlamento y que señala que «existe un procedimiento establecido por el Departamento de Salud para el auxilio de Ertzaintza en las labores propias».

Respuesta policial

Según se recoge en el protocolo, la red de rastreo detectó problemas para contactar con los casos y los contactos estrechos, sospechas de incumplimiento del aislamiento e incluso no cumplimientos contrastados y falta de colaboración para dar a Osakidetza los nombres de los contactos estrechos y personas convivientes. Y la salida que encontró el Gobierno de Lakua fue la de recurrir a la Ertzaintza.

Para ello, en los casos de que un contagiado o contacto estrecho no pueda ser  localizado por los medios habituales, una patrulla acudirá a su domicilio «una sola vez» para hacerle la notificación en persona.

En los casos de sospecha de que alguien pueda estar incumpliendo el aislamiento, la Ertzaintza acudirá a su domicilio «2 veces, en distinto horario y a ser posible en dos días consecutivos». Si se comprobara que el aislamiento no se está realizando de forma correcta, se contactará con la Dirección de Salud Pública para tramitar un confinamiento forzoso que deberá hacerse, según el protocolo, con la mayor información posible para que no haya problemas de ratificación en el juzgado.

No publicar

El «Protocolo de Colaboración Ertzaintza-Departamento de Salud y Osakidetza» forma parte de una respuesta del Departamento de Seguridad al Grupo Mixto con la petición al Parlamento de que no lo publique en su web.