Erabakizaleak, plataforma de juristas vascos por el derechoa a decidir, y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos han propuesto al histórico abogado Miguel Castells, de 90 años de edad, para los Premios dedicados a la defensa de la libertad de expresión del Consejo General de la Abogacía española.

Elegido senador de HB en 1979 y parlamentario en Gasteiz al año siguiente, defendió en el proceso de Burgos a Mario Onaindia. Con motivo del 50ª aniversario, Castells relató en esta entrevista a NAIZ cómo fue aquel consejo de guerra militar.

En 1975 ejerció la defensa del miembro del FRAP Vladimiro Fernández, que fue indultado, y al militante de ETA Jon Paredes, ‘Txiki’, que fue fusilado junto a Angel Otaegi y tres integrantes del FRAP.

Cuñado del también letrado José Ramón Recalde, participó en la protesta en 1964 contra la detención y torturas del que después sería consejero del Gobierno de Lakua por el PSE. Al negarse a pagar la multa que le impusieron, dos años más tarde ingresó en prisión durante un mes.

Castells fue procesado, junto a otros miembros de Herri Batasuna, por la protesta contra el Rey Juan Carlos de Borbón en 1981 en la Casa de Juntas de Gernika, en la que cantaron el ‘Eusko gudariak’, y absuelto por el Tribunal Supremo en 1983. El letrado se defendió a sí mismo.

En 1983 fue condenado por el TS a un año de prisión e inhabilitación por injurias al Gobierno español y a los funcionarios del Estado por un artículo que publicó en el semanario ‘Punto y Hora’ bajo el título ‘Insultante impunidad’, en el que afirmaba que las muertes de Germán Rodríguez en en los sanfermines de 1978 en Iruñea por disparos de la Policía Armada, y de Joseba Barandiaran en Donostia durante las protestas por los sucesos de capital navarra «habían quedado impunes».

«La toga como herramienta para la defensa de los derechos humanos»

Castells, que se defendió a sí mismo también en este caso, solicitó amparo al Tribunal Constitucional, que se lo denegó en 1985 y, finalmente, en 1992 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que se había vulnerado su libertad de expresión, en la primera sentencia condenatoria del TEDH contra el Reino de España. En 1990, ejerció la acusación particular en el juicio contra los policías José Amedo y Michel Domínguez por los GAL.

Erabakitzaleak, apoyado por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, ha decidido proponer a Castells para las XXIII edición de los Premios Derechos Humanos dedicados a la defensa de la libertad de expresión al considerar que «reúne todos los requisitos» para ello.

En su propuesta, destacan en Castells, colegiado desde 1958 y que hoy en día sigue ejerciendo la abogacía, su «constante defensa de la toga como herramienta para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, y en especial, del derecho a la libre expresión».