Expertos de la UPV/EHU y del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda han pedido este lunes en el Parlamento de Gasteiz que el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de la CAV, que se encuentra en tramitación parlamentaria, contemple sanciones ante conductas obstructivas por parte de funcionarios públicos que no permitan el acceso a la documentación de memoria histórica que, «conforme al ordenamiento jurídico, es accesible en los Archivos».

El historiador del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda José Antonio Pérez ha destacado que esta ley trata de «ampliar y de tratar de satisfacer las legítimas aspiraciones, los últimos deseos, especialmente de las familias que se siguen viendo afectadas por los terribles sucesos que tuvieron lugar entre 1936 y prácticamente hasta la promulgación de la Constitución en 1978».

Según ha explicado, el Instituto ha analizado el texto legal y se han mostrado satisfechos con la exposición de motivos, que ha calificado de «impecable» al reivindicar «la convivencia democrática» de forma «contundente».

No obstante, ha apuntado que en la ley se deberían «afinar» algunos aspectos «para que se tuviese seguridad jurídica» y ha señalado que a lo largo de la ley se habla en muchas ocasiones de víctimas y en otras ocasiones de «personas destinatarias», por lo que considera que existe una «indefinición» que se debería «unificar».

Respecto al régimen sancionador, ha criticado que no se contempla la obstaculización que presentan algunos archivos y ha puesto como ejemplo la situación de la CAV, ya que de los tres archivos actuales –Araba, Bizkaia y Gipuzkoa–, «el de Bizkaia lleva 30 años impidiendo, bloqueando, saboteando, el acceso a documentación, específicamente a aquella que tiene que ver con el franquismo».

«Es algo que venimos sufriendo no solo los investigadores profesionales, historiadores, sino también familiares de víctimas, gente interesada. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a esa información», ha reclamado antes de pedir a los grupos parlamentarios la adopción de medidas para, «por lo menos, limitar un comportamiento absolutamente arbitrario por parte de la dirección de algunos Archivos».

Sanciones para casos muy graves

En este mismo sentido se ha pronunciado el profesor de Derecho Penal de la UPV/EHU Jon Mirena Landa, quien ha presentado a los grupos parlamentarios ocho aspectos o sugerencias a introducir en el texto legal que se tramita en el Parlamento, entre las que se encuentra la posibilidad de incluir «algún tipo de sanción» ante «conductas obstructivas por parte de funcionarios públicos que no permitan el acceso a la documentación que conforme al ordenamiento jurídico es accesible en los Archivos».

Tras reconocer que no ha encontrado una descripción de una posible infracción administrativa en el supuesto de que haya una «exagerada renuencia o una activa y dolosa obstaculización del acceso a los archivos», ha explicado que no sabe con qué diseño debería hacerse desde el punto de vista de la CAV si no hay una regulación general en el Estado. «Tendría que mirarse bien los archivos que dependen de la CAV. Yo creo que eso es un problema», ha señalado.

El profesor de Derecho Penal de la UPV/EHU ha afirmado que es «de sobra conocido que hay archivos en los que se puede obtener una información conforme a la ley y en otros parece que es imposible» porque se pueden dar casos de funcionarios en los archivos que presentan «un celo especial y según su propio leal saber y entender, obstaculizan el acceso de manera manifiesta».

No obstante, ha reconocido que estas situaciones no se solucionan «a base de sanciones» aunque cree que «una sanción general para algunos casos muy graves, sería oportuno introducirla como aviso a navegantes». «Eso es algo que ustedes deben valorar», ha insistido a los grupos parlamentarios.

«Oficializar la verdad»

Por su parte, el doctor en Medicina por la UPV/EHU y médico especialista en Medicina Legal y Forense Paco Etxeberria ha afirmado que le gusta el texto que se está tramitando en la Cámara de Gasteiz, «está bien», y ha señalado el apartado que contempla la necesidad de «oficializar esa verdad».

Etxeberria ha dirigido un grupo de trabajo constituido para el estudio de los desaparecidos y las fosas comunes de la guerra del 36 que ha colaborado con distintas asociaciones de memoria histórica en varios centenares de exhumaciones en el Estado.

Tras señalar que el trabajo que realizan genera información que posteriormente se pone sobre la mesa de las autoridades, cree que el paso que queda por hacer es «hacer oficial esa información». «Llega un momento en el que alguien tiene que decir ‘efectivamente, esto fue así’», ha defendido.

Tras afirmar que esto se ha realizado en la CAV, ha citado el caso de Errenteria, señalando que ese Ayuntamiento «ha validado la información generada tras las investigaciones que se pidieron, tanto de memoria histórica como de memoria reciente». «La documentación se sometió al debate legítimo de todos los concejales y se concluyó que, efectivamente, eso es lo que había ocurrido en ese municipio», ha explicado.

Etxeberria cree que esta idea «se puede extender a otros municipios, pero también a otras autoridades» y, por ello, opina que la ley vasca «puede cumplir esta misión».

En este sentido, ha informado de que la Ley de Memoria Democrática que tramita el Congreso contempla la creación de un Fiscal de Memoria Democrática y de Derechos Humanos, que podría «validar aquello que se está haciendo, pidiendo que se entregue la documentación generada desde hace 20 años para darla por válida, en ausencia de otras opiniones discrepancias que también podrían existir» y ha preguntado si esto también se va a contemplar en la ley de la CAV.