El Pleno del Congreso de los Diputados ha votado este jueves el dictamen del ‘Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones’. Este es el primer paquete de la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En la votación efectuada esta tarde, la ley ha salido adelante con 176 votos a favor, 148 votos en contra y 6 abstenciones, con lo que pasa al Senado para continuar su tramitación con el objetivo de que esté en vigor el 1 de enero.

Como esto era la previsto, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha ofrecido a mediodía su valoración, que sigue siendo muy negativa.

«Tras casi cuatro años demandando en la calle que nuestras reivindicaciones más urgentes sean tenidas en cuenta, hoy tenemos que decir que no es así», han indicado en un comunicado, en el que recuerdan que el pasado lunes ya expresaron «simbólicamente» su rechazo a este proyecto de ley «mediante la quema de ejemplares del mismo» durante las movilizaciones semanales.

Sobre el poder adquisitivo

Este colectivo considera que con la también denominada ley de revaloración de las pensiones perderán poder adquisitivo.

Por un lado, ha señalado que, mientras que antes de la reforma de 2011 se tenía en cuenta el IPC interanual del mes de diciembre, ahora se quiere aplicar la media anual de la inflación mensual hasta noviembre.

De esta forma, han contrapuesto el 2,5% de subida estimado con el nuevo cálculo al 5,6% de la inflación interanual de noviembre, que seguramente estará cerca de la que se registre este mes de diciembre.

Por otro, han señalado que, con el nuevo índice de revalorización, la ‘paguilla’ de compensación, que corresponde a la desviación de este año entre la última súbida y la inflación, «se reducirá a menos de la mitad» y «la actualización de las pensiones al 31 de diciembre será recortada en un 3%». 

Sin movilizaciones, «hubiera sido peor»

Por tanto, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria lamenta que el texto aprobado por el Pleno del Congreso «ha sido una oportunidad perdida para garantizar el sistema público de pensiones y unas pensiones públicas dignas». Pero ha subrayado que «hubiera sido aún peor» si no hubieran estado movilizándose en la calle de forma continua.

Y ha enumerado los puntos negativos, que a su juicio son muchos, comenzando por que «se consolidan los recortes aprobados en 2011, aumentando la jubilación hasta los 67 años, pasando de 15 a 25 años el periodo de cálculo, aumentando a 37 los años de cotización para cobrar la pensión completa, y preparándonos para nuevos recortes».

Además, esta reforma «perpetúa pensiones mínimas miserables muy por debajo de los 1.080 euros mensuales que demandamos, no toma medidas contra la brecha de género y no elimina la penalización de las jubilaciones anticipadas para pensionistas con carreras de cotización de 40 años».

Al otro lado de la balanza colocan las enmiendas que han logrado incluir aspectos que valoran «parcialmente positivos»: «el reconocimiento de las parejas de hecho en la pensión de viudedad, su carácter retroactivo en supuestos excepcionales, la prestación temporal de viudedad por dos años, la mejora en el acceso a la pensión de personas discapacitadas, y que se obligue al Gobierno estatal a realizar una auditoría sobre los gastos desviados de las pensiones».

Un mecanismo intergeneracional

El grueso de la reforma llegó al Congreso en setiembre tras ser acordada en julio en la Mesa de Diálogo Social que forman el Gobierno español, los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme.

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y las formaciones que lo sustentan (PSOE y Unidas Podemos) han destacado que las pensiones volverán a revalorizar anualmente conforme a la evolución del IPC y que la futura ley incluye un mecanismo de equidad intergeneracional que subirá transitoriamente las cotizaciones sociales para rellenar el fondo de reserva.

Ese mecanismo contempla una subida de las cotizaciones sociales durante diez años de 0,6 puntos, de los que 0,5 puntos serán pagados por la empresa y 0,1 puntos por la persona empleada.

También se establecen nuevos incentivos para la jubilación demorada: una subida de la pensión del 4% por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos. El objetivo de estas medidas, según sus impulsores, es favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo.

EH Bildu, «abstención crítica»; el PNV y ERC votan a favor

Durante el debate de esta tarde en el Congreso, el grupo parlamentario de EH Bildu se ha abstenido, ya que entiende que esta reforma es «mala» pese a incluir algunos «avances» conseguidos por los pensionistas «gracias a su lucha y su presión social» pero aún está «muy, muy lejos de responder mínimamente a sus justas exigencias». Por ello, la coalición independentista se ha decantado por una «abstención crítica», «para que esos avances, aunque sean pocos y limitados, puedan abrir caminos futuros para mejorar las vidas de los y las pensionistas que más lo necesitan». 

Iñaki Ruiz de Pinedo ha resaltado que se ha perdido «una oportunidad histórica de crear un sistema de pensiones digno».

En cambio, el PNV ha apoyado el texto porque, según ha indicado Mikel Legarda, supone una alternativa «más justa y equitativa que otras», e introduce medidas clave que defiende su partido como la penalización de la prejubilación y prolongar la vida laboral.

También ha votado a favor ERC. «Votamos un texto mejorable, sí, pero que incorpora por primera vez varias reivindicaciones históricas que parecía imposible aprobar», ha comentado Jordi Salvador. «El sistema de pensiones es seguro y sostenible, lo es hoy, lo fue ayer y lo será en el futuro, y si alguien cree lo contrario es porque se cree el relato impuesto por el capital financiero para impulsar las pensiones privadas y otros productos financieros», ha añadido.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado el «calado» de esta reforma, que en su opinión contribuirá a dar «certidumbre» a los pensionistas tanto de hoy como del futuro.

Además, ha recordado que su aprobación figura en la lista de compromisos adquiridos con Bruselas para recibir los fondos Next Generation.