La mesa redonda entre víctimas en esta jornada de movilización de Sare ha dado paso en el Palacio Euskalduna a la lectura de la declaración principal de la jornada. Joseba Azkarraga y Arantza Aldeazabal han resumido en ella el momento actual y han mirado sobre todo a los retos futuros, fijados en dos ámbitos interconectados: presos y víctimas.

Antes que nada, han expresado su agradecimiento a las fuerzas sociales y sindicales vascas reunidas, además de otros agentes y del apoyo llegado desde el exterior, sobre todo Catalunya. Y han recogido el testigo de las cinco víctimas reunidas en la mesa, y de otras que se han sumado al acto como María Jáuregui, Peru del Hoyo o Carmen Galdeano. «Es muy gratificante escuchar este deseo de avanzar, avanzar sin olvidar pero también sin odiar, a personas que han sufrido tanto. Gracias a vuestro ejemplo. Cuántos tenemos que aprender de vosotras. Vamos a seguir trabajando por un acuerdo de mínimos para que todas las víctimas del conflicto seáis objetivo de reconocimiento y reparación. Empatía, empatía y empatía, ponerse en lugar del otro, debe ser la clave para avanzar hacia la convivencia y, si es posible, la reconciliación».

«Hace un año hablábamos desde la esperanza, decíamos que esperábamos avances significativos –han apuntado los dos portavoces de Sare–. Hoy diríamos que ha sido un año de claroscuros, se ha avanzado en algunos aspectos y retrocedido en otros. Hay que seguir dando pasos porque nos quedan muchas y complejas situaciones que entre todos y todas debemos superar. Si no, no será posible», han alertado.

En una fotografía de la situación actual, Azkarraga y Aldeazabal han expuesto que «se ha aliviado la situación de muchas familias, pero tenemos que recordar que a fecha de hoy aproximadamente el 50% de los presos y presas continúan alejados de los suyos. En este momento son 84. En este momento muchas familias están viajando por las carreteras de Castilla, Aragón y Asturias para poder verles cuando podrían estar aquí. Sare va a continuar trabajando para que aquellas instancias políticas que tienen en sus manos resolver esta situación lo hagan cuanto antes».

«Es absolutamente compatible el respeto a las víctimas con la exigencia de derechos de las personas privadas de libertad»

De cara a impulsar nuevos escenarios, «seguiremos hablando con las víctimas de todas las violencias y también con las personas presas. Hablar menos de ellas y más con ellas. Ese va a ser nuestro objetivo este año que comienza», han prometido antes de enfatizar: «Es absolutamente compatible el respeto a las víctimas con el respeto a la exigencia de derechos de las personas privadas de libertad».

A las víctimas han querido trasladarles aquí «una petición de perdón» en caso de que alguna iniciativa concreta de Sare «haya ahondado más en vuestro sentimiento. Creemos que merecéis estas disculpas y este respeto».

Lo han hilado con la voluntad «manifiesta y mantenida en el tiempo» de los presos y presas vascos, que con declaraciones como la de noviembre sobre los ongi etorris públicos se han ratificado «dispuestos a aportar lo que esté en su mano por la convivencia y la paz».

«Somos conscientes de que siempre habrá quien legítimamente piense que esto no es suficiente, siempre habrá alguien que traslade otra exigencia más, aunque la ley sobre esto no diga nada -han apuntado antes de interpelarles directamente-. A la derecha y a la derecha extrema hay que recordarles que ETA dejó de existir hace años, que no se debe hablar en presente de una organización inexistente, que es hora de avanzar, de reencuentro y, si cabe, de abrazo. Que nos entretengan, nosotros a lo nuestro, avanzar, avanzar, avanzar, sin olvidar y sin odiar».

De 200, solo 11 en tercer grado

Volviendo a profundizar en la situación carcelaria, Aldeazabal y Azkarraga han traído a colación que «el régimen de excepcionalidad sigue siendo la norma» con esta personas. Mientras en el ámbito general se recorre la vía legal con cierta normalidad, «aquí es a la inversa, de 200 solo 11 están en tercer grado, pese a que con una política de carácter ordinario la mayoría podrían estar en su casa. A la lentitud del camino a la normalización se le suma una Justicia que mira a través del espejo retrovisor. El camino a la normalidad queda anulado algunas veces por una Fiscalía y unos jueces que desconocen la evolución en la cárcel de estos presos y presas».

«Es hora de que la política penitenciaria permita el acceso a permisos, a las salidas, y todo dentro de la legalidad. No estamos pidiendo ningún privilegio», resume Sare.

«Las autoridades autonómicas tienen la posibilidad pero también la obligación de hacer otra política, sin privilegios y también sin excepciones»

La situación cambia un tanto desde el pasado 1 de octubre, al haber asumido Lakua la competencia sobre Martutene, Basauri y Zaballa: «Las autoridades autonómicas tienen la posibilidad pero también la obligación de hacer una política penitenciaria sin privilegios y también sin excepciones», les han trasladado, recogiendo las propias palabras de sus actuales rectores. «Estaremos a su lado. Hay que regirse por criterios de normalidad, sin una legislación de excepción implantada hace tres décadas en un contexto muy diferente al que estamos».

Relato, último apunte

El mensaje central de Sare en esta jornada se cierra con un apunte sobre otro nudo por resolver: el afán de imponer un relato único, que complica en gran parte la situación de los dos grandes asuntos pendientes, presos y víctimas. «Es de suma importancia dejar atrás la reivindicación de la existencia de un solo relato en la vulneración de derechos. Esto es imposible. No será posible avanzar si queremos que todas las vulneraciones entren solamente en un concepto, y más cuando hay quienes piensan que empiezan y terminan con ETA. Si hablamos de un relato de la memoria, que sea plural; este país lo conformamos y construimos todas las sensibilidades».

A partir de ahí, Azkarraga y Aldeazabal han abogado por establecer como bases el respeto al derecho a la vida, por encima de todo, pero también la memoria de la tortura y la conculcación de derechos políticos y sociales. Un mínimo común compartible para cualquiera y que «impida la hipocresía de las dos varas de medir».