Stop Desahucios de Gipuzkoa ha informado de la suspensión de un nuevo desahucio que estaba fijado para el próximo martes, 18 de enero, en aplicación del Real Decreto Ley que regula la expulsión de sus hogares por impago de familias vulnerables.

En este caso la afectada era una mujer de Errenteria con cuatro hijos menores de edad a su cargo, que se puso en contacto con Stop Desahucios hace un mes. El 22 de diciembre, esta asociación presentó la solicitud de suspensión en los Juzgados de Donostia, y esta fue concedida el pasado martes.

Stop Desahucios estima que este Real Decreto Ley «es un paraguas temporal que protege a miles de familias en situación precaria que no pueden pagar los desorbitados precios del alquiler que imponen fondos buitre y particulares», por lo que reclama que sea prorrogado más allá de su fecha de vencimiento, prevista para el 28 de febrero, especialmente viendo «la falta de voluntad del Gobierno Vasco para imponer controles a esta especulación».

«Porque en medio de la sexta ola de la pandemia, en invierno no se puede dejar en la calle a miles de familias pobres que tienen sus desahucios suspendidos y que de no prorrogarse de nuevo los jueces se verán obligados a fijar nuevas fechas de desahucio en cadena», alerta Stop Desahucios.

Multas y subidas de alquileres en Gros

Por otro lado, el sindicato de vivienda Saretxe ha denunciado «el empeoramiento de la situación» en el portal 43 de la Avenida de Ategorrieta, en el barrio donostiarra de Gros, anteriormente propiedad de Inmobiliaria Vascongada y ahora en manos del fondo Azora.

Según este colectivo, un juez ha sancionado a dos vecinas con una multa de 900 euros, que se suman a la orden de abandonar su hogar. Además Azora ha exigido una subida del alquiler del 33% a otras dos familias, poniéndolas al borde de la expulsión.

Saretxe ha subrayado que Azora, además de «no ofrecer alternativa a las vecinas», ha puesto en marcha «medidas ilegales de presión y control, instalando cámaras o contratando seguridad privada».