En respuesta al auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia sobre la medida cautelar previa solicitada por una ciudadana para que a ella y a su hijo menor Osakidetza les realice una prueba PCR, única admitida para la obtención del pasaporte covid con un certificado de recuperación, el Servicio de Salud de la CAV ha alegado que ahora prioriza los antígenos y que si esta persona quiere puede hacerse un test PCR privado.

En Donostia se ofertan test PCR a precios que van desde los 60 a los 120 euros, según ha comprobado este diario. El escrito de alegación presentado por Osakidetza ante el juzgado precisa que «en caso, de entender que dicha prueba debe ser costeada con fondos públicos, [la interesada podría] acudir a obtener el reintegro del coste de dicho servicio», aunque no especifica cómo.

Según adelantó NAIZ el pasado viernes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia aceptó adoptar medidas cautelares para que una familia consiga que Osakidetza haga una prueba PCR a la solicitante y a su hijo con el fin de que, como fija la normativa de la UE poder obtener un pasaporte covid por certificado de recuperación por haber pasado la enfermedad. No se admiten los test de antígenos.

Respuesta de tono áspero

El escrito de alegaciones presentado por Osakidetza tiene un tono áspero hacia la solicitante de la prueba. Tras afirmar que en el Servicio de Salud, «en estos momentos se está priorizando, por motivos clínicos, el test de antígenos», añade que «no existe la posibilidad de que el paciente elija uno u otro a su criterio, sino que tiene que indicarlo un profesional sanitario siguiendo lo establecido en los protocolos de Salud Pública».

Osakidetza asegura que «si una persona quiere una PCR sólo para el Certificado Digital Covid UE, puede hacérsela en un centro acreditado». Y a renglón seguido especula con que «parece claro que la ciudadana o, no ha tenido la información precisa sobre la validez de las pruebas obtenidas en centros privados homologados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco o, lo que requiere es que Osakidetza financie una prueba, con fondos públicos, que no va a tener ningún efecto asistencial para la actora ni para su hijo».

Sin embargo, en la web recogida en las alegaciones como fuente de información, Osakidetza no dice nada sobre la realización de test privados. En cambio, sí lo hace en el apartado referido a los «certificado de prueba negativa», donde precisa que «solamente tendrán validez las pruebas negativas realizadas en laboratorios privados autorizados», y se añade un listado de estos centros homologados.

Tampoco la pediatra ni el médico de familia ni ninguna de las instancias a las que acudió la solicitante antes de llegar al juzgado le ofreció esta posibilidad.

La normativa europea que regula la obtención del pasaporte covid por vacunación, test negativo o «certificado de recuperación» establece que «los Estados miembros expedirán, previa solicitud, los certificados de recuperación», y especifica que «la expedición de certificados con arreglo al presente Reglamento no debe dar lugar a discriminación basada en la posesión de una categoría específica de certificado».

Además, determina que «los certificados deben expedirse gratuitamente». Fuentes consultadas señalan que si se fuerza a realizar un test PCR en una clínica privada ya no se está garantizando la gratuidad del pasaporte exigida por la UE.

Con anterioridad se hacían

En las alegaciones tampoco se ofrece un criterio sobre por qué ahora Osakidetza se niega a la realización de test PCR para la obtención del pasaporte de recuperación, cuando en meses anteriores sí los han estado realizando, según consta a este diario. En ningún caso se ha informado a la ciudadanía de este cambio de criterio.

Por otra parte, señala que la interesada está vacunada y puede obtener un certificado y que, «además, actualmente, el requisito de certificación no está impuesto a menores de 12 años (hasta que la vacunación de los mismos avance suficientemente). Es, por ello, que a efectos prácticos lo solicitado es completamente innecesario».

Sin embargo, este criterio podría variar en las próximas semanas y entonces, una vez recuperado del covid, ya de nada serviría hacerse un test. Además, los criterios no son iguales en todos los estados de la UE.

«No es de recibo»

Osakidetza alega que su «obligación» es «prestar la debida asistencia sanitaria con los recursos disponibles», y que «no es de recibo (con mayúsculas en el escrito) que se exija» «cambiar los protocolos clínico-asistenciales para facilitar la obtención de certificados ajenos a dicha función asistencial».

Añade que «no cabe apreciar apariencia de buen derecho» en la petición realizada. Concluye que «aceptar dicha exigencia vendría a favorecer una inadecuada utilización de los recursos públicos y contravendría, además, las normas de funcionamiento y el deber de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos».