Según informa este miércoles el diario ‘El Correo’, el Tribunal Supremo español ha ratificado las condenas dictadas en 2018 por la Audiencia de Bizkaia contra los administradores de la sociedad que iba a construir la planta de purines que iba a construirse en Karrantza: el exdirector de Innovación del Departamento de Agricultura de Lakua por el PNV, Martín Ascacibar; el que fuera alcalde de Karrantza, el ya fallecido José Luis Portillo, y el exconcejal José Ignacio Muro, ambos también del PNV. Además, avala la condena también a quien fue en inicio administrador único de Karrantzako Minda, Angel María Ruiz Quintano; a Manuel Fisure y Vicente Albisua, también miembros del órgano de dirección.

En 2018, la Audiencia vizcaina calificó de culpable el concurso de acreedores de la sociedad Karrantzako Minda y condenó a los citados integrantes de su consejo de administración a una inhabilitación de dos años para administrar bienes ajenos, así como a devolver a la empresa 485.724 euros y, subsidiariamente, 1.172.279 euros a la constructora, si Ade Biotec no abonaba la cantidad.

Ese fallo, ahora ratificado por el Tribunal Supremo, revocaba la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbo que en marzo de 2017 declaró «fortuito» el concurso de la fallida planta de purines de Karrantza, cuya sociedad promotora creada con dinero público quebró tras lograr subvenciones por más de 10 millones de euros, sin llegar a terminar el proyecto.

El juzgado absolvió inicialmente a los promotores de esa planta que se proyectó para solucionar los residuos ganaderos en la localidad, si bien la Audiencia estimó después parcialmente el recurso presentado por la Abogacía del Estado –representada por la actual dirigente de Vox Macarena Olona– y el administrador concursal de la sociedad Karrantzako Minda.

La sentencia de la Audiencia de Bizkaia, que exoneró a Ipar Kutxa, acusaba a los condenados de haber actuado «con culpa grave» que «agravó la insolvencia» por la compra de unos terrenos, el anticipo de cantidades a la empresa constructora y el retraso en la solicitud de concurso de una planta que no llegó a construirse y que llegó a recibir más de diez millones de euros en subvenciones del Gobierno de Lakua, la Diputación de Bizkaia y Ministerio español de Ciencia e Innovación.