Las elecciones a la Presidencia francesa se celebrarán, a doble vuelta, entre el 10 y el 24 de abril de 2022. Hasta la fecha, más de una veintena de aspirantes han expresado su deseo de participar en unos comicios que, sin embargo, contemplan un filtro previo.

La candidatura, luego retirada, del cómico Coluche en la elección de 1981 –que finalmente se saldó con la elección del aspirante del PS, François Mitterrand, frente al candidato centro-conservador Valéry Giscard d’Estaing– es seguramente el sobresalto más recordado de una elección que tiene a gala ser una liza a prueba de «candidatos intrusos».

Sin obviar el carácter pionero de las candidaturas de Jean-Marie Le Pen en ese cuestionamiento al sistema lectoral, la entrada en el debate de 2022 del polemista de ultraderecha Éric Zemmour, impulsado desde los medios del magnate Vincent Bollaré es, con todos los matices, una secuela.

Está por ver si los mecanismos correctores del sistema funcionarán, pese a todo, para que la contienda se decida en base a sus códigos más clásicos o, si se quiere, elitistas.

En 1962 se mantuvo ese sistema, tal como figura en la ley de 6 de noviembre de ese año en la que se estipuló que, a partir de entonces, el presidente de la República francesa no lo elegiría un colegio electoral sino los electores mediante el sistema de sufragio universal directo.

Permanente disputa sobre el número de avales

En 1965, 1969 y 1974 se pedía el aval de 100 electos. Sin embargo, bajo el mandato de Giscard d’Estaing, en 1976, se elevó a 500 la cifra de firmantes cuyo apoyo es necesario para que un aspirante sea proclamado oficialmente como candidato a la elección presidencial.

El Consejo Constitucional ya ha hecho públicas las reglas para recabar esos apoyos con vistas a elección de abril. De esta forma, aunque algunos aspirantes lleven semanas, caso de Jean-Luc Mélenchon o del propio Eric Zemmour, aireando cuentas, será este jueves cuando se lance ese proceso, a partir de la publicación oficial del decreto de convocatoria a los electores, que debe ser sancionado hoy miércoles por el consejo de ministros.

De acuerdo a la decisión publicada por el Consejo Constitucional en su página web, los cerca de 42.000 electos, del cargo de alcalde hacia arriba, que tienen la potestad de avalar a un presidenciable tendrán hasta el 4 de marzo para enviar su apoyo «exclusivamente por vía postal», salvo en el caso de electos en «territorios de ultramar», que podrán entregar su aval en delegaciones estatales o en sedes consulares.

Efectivamente, la ley electoral de 2016 contemplaba que se pudiera enviar el aval por vía telemática, pero «a falta de un dispositivo de identificación digital suficientemente seguro» no se podrá emplear ese sistema en estos comicios.

El Constitucional defiende un sistema modernizado a cada elección, ya que a su entender « el filtro de los apadrinamientos permite evitar un número excesivo de candidaturas en la elección presidencial y descartar las candidaturas caprichosas o testimoniales».

Evitar candidaturas «de interés local»

Hay otro cedazo en la elección que el Constitucional asume, a fin de evitar, dice, «las candidaturas vinculadas a la defensa de intereses meramente locales».

Así, no basta con tener 500 avales, sino que las firmas deben proceder de electos de al menos 30 departamentos o colectividades territoriales, no pudiendo sobrepasar el número de 50 apoyos en un mismo territorio.

Cada electo solo puede apoyar a un candidato y no puede cambiar de opción sobre la marcha, para respaldar, por ejemplo, a otro aspirante si su elegido se ve apartado de la liza electoral.

De acuerdo al manual del Constitucional ese procedimiento tendrá una duración de algo más de cinco semanas, a diferencia del que se arbitró en 2017 en que los padrinos solo dispusieron de tres semanas para completar un trámite siempre sujeto a polémica, ya que, por ley, las firmas son de conoc¡miento público.

No siempre ha sido así. Anteriormente se optaba por publicar, mediante sorteo, una lista de 500 electos que habían ejercido como padrinos de algún aspirante. Desde 2016 se optó por una publicación integral.

Conforme empiece a recibir los avales, y tras comprobar que cumplen todos los requisitos, el consejo los dará a conocer «mediante publicación integral, dos veces por semana».

Quejas de la extrema derecha y exclusión de «candidaturas populares»

La nueva fórmula, adoptada en nombre de la transparencia, perjudica a priori a los candidatos menos sistémicos. La queja, o si se prefiere el mensaje victimista que se oye cada vez que se activa este procedimiento de filtrado de candidaturas, pasará muy previsiblemente en esta campaña de Le Pen a Zemmour. Este último quiere vender su proyecto retrógrado como una oferta iconoclasta para destacarse de la aspirante «normalizada» de Rassemblement National.

Sin embargo, una lectura crítica del sistema pasaría más bien por destacar sus efectos nocivos a la hora de asegurar la presencia de candidatos de todos los estratos sociales, y en particular con propuestas de izquierda neta, ya que impone un corsé netamente elitista.

Primaria popular

Las sucesivas propuestas de reforma del sistema no han logrado los acuerdos suficientes, aunque ese periodo de cabildeo para lograr avales va a coincidir en esta elección con una iniciativa inédita: la primaria popular.

Precisamente desde el jueves y hasta el domingo 30 esas 466.895 personas inscritas para participar en la llamada primaria popular votarán telemáticamente para evaluar a los aspirantes a la izquierda, ya sean políticos o representantes de la sociedad civil. Un sistema de aval popular que, con todas sus limitaciones y defectos, dará que hablar.

En lo que se refiere al procedimiento de investidura oficial de candidatos, será el 7 de marzo cuando el órgano de vigilancia constitucional que preside el ex primer ministro Laurent Fabius proclame la lista definitiva de candidatos.

Los aspirantes a ocupar el Elíseo deberán remitir para el 4 de marzo sus declaraciones patrimoniales que, tras pasar el ojo escrutador de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública, se harán públicas antes de la primera vuelta de la elección presidencial.