Pau Juvillà Ballester, diputado de la CUP y secretario de la Mesa del Parlament, fue condenado en diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a seis meses de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros por negarse a cumplir las resoluciones que exigían la retirada de lazos amarillos en el ayuntamiento de Lleida en 2019.

Tanto Ciudadanos como Vox y el PP reclamaron que, en consecuencia, se le retirara el acta de diputado y elevaron un escrito a la Junta Electoral Central (JEC), que les dio la razón recordando que, conforme a la ley, la jurisprudencia y el precedente de Quim Torra, el delito de desobediencia por el que ha sido condenado Juvillà está dentro del capítulo de delitos contra la Administración y su condena se convierte en causa de inelegibiidad sobrevenida aunque la sentencia del TSJC no sea firme porque quepa recurso ante el Supremo español (TS).

Pero el Parlament rechazó la resolución de la JEC, con los votos de la mayoría independentista, y anunció un recurso, dejando en suspenso la retirada del escaño, lo que motivó un nuevo escrito de Cs ante el organismo arbitral.

En una resolución aprobada este jueves y recogida por Europa Press, la JEC insiste en que la condena que pesa sobre Juvillà implica la retirada del escaño, sin que quepa su suspensión, y da un plazo de cinco días al Parlament para cumplirlo.

La JEC y el Supremo comparten magistrados

La JEC indica que no puede dejar en suspenso la retirada del escaño porque esa decisión «es firme en vía administrativa» y solo cabe recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que será la que, en su caso, decida o no sobre posibles medidas cautelares.

Pero ya recoge las sentencias de esa misma Sala del TS que dejan claro que las causas de inelegibilidad «tienen eficacia ex lege y constituyen, por tanto, una consecuencia automática de la pena impuesta por la sentencia». Es lo mismo que le ocurrió a Torra, que perdió el escaño tras ser condenado por desobediencia también por negarse a retirar lazos amarillos.

La JEC, que en su mayoría está compuesta por magistrados del propio Supremo, continúa por tanto impulsando el relevo de Juvillà y ha acordado expedir ya la credencial de diputado al siguiente de la lista de la CUP por Lleida en su sustitución.

Así las cosas, ha dado un plazo de cinco días hábiles a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para que informe de las medidas que ha adoptado para cumplir la resolución y dejar sin efecto la credencial del diputado de la CUP.

Y acaba avisando a Borràs de que se expone a «las consecuencias jurídicas previstas en la legislación vigente» si no promueve la ejecución del relevo de Juvillà.

Comunicado de ERC, Junts y la CUP

ERC, Junts y la CUP han reafirmado su voluntad de mantener el escaño a Juvillà, tras la advertencia de la JEC.

En un comunicado conjunto, han reiterado su voluntad «de mantener la soberanía del Parlament ante la intromisión de un órgano administrativo sin competencias para resolver sobre tal cuestión».

Los tres partidos han afirmado que, pese a esta nueva notificación de la JEC, su voluntad sigue siendo respetar el acuerdo que aprobó el pleno del Parlament en diciembre que apuesta por mantener el escaño de Juvillà hasta que no haya sentencia firme.