Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua, la localidad más cercana al vertedero ubicado en el barrio de Eitzaga (Zaldibar), ha indicado este viernes que la escombrera nunca se debería haber construido en las faldas de un monte. «Yo soy consciente de que son necesarios vertederos para gestionar residuos, pero en Euskadi hay suelos llanos mucho más adecuados para instalar un vertedero que un monte», ha comentado.

Tras culminar prácticamente los trabajos de estabilización de la escombrera, que será sellada, Abascal ha afirmado que los vecinos de las zonas más próximas al vertedero se encuentran ahora «aliviados», en espera de que la sentencia sobre un presunto delito ambiental haga justicia.

Además de la pérdida irreparable de las vidas de los dos trabajadores fallecidos –Joaquín Beltrán y Alnerto Sololuze– y el dolor con el que afrontaron su búsqueda, con la clausura de la escombrera se han quedado atrás los «miedos y angustias» causados por este vertedero, según ha dicho a Efe el primer edil.

Una opinión que no concuerda con la expresada por la plataforma Zaldibar Argitu, que ha convocado una manifestación para este domingo que partirá a las 12:00 desde la plaza de Ermua.

En las mediciones que siguieron al derrumbe registrado el 6 de febrero de 2020, el día 14 de ese mes se detectaron en el aire dioxinas en proporciones cuarenta veces superiores a las normales, provocadas por los fuegos desatados en el vertedero gestionado por Verter Recycling. Niveles que regresaron a la normalidad c después.

La angustia de los familiares y el proceso judicial

El 16 y 17 de agosto fueron encontrados los restos del cuerpo de Alberto Sololuze, pero los de su compañero Joaquín Beltrán continúan aún bajo los escombros, después de que la búsqueda fuera suspendida el 14 de mayo de 2021 sin dar resultados.

El aniversario volverá a revivir la angustia con la que los familiares de ambos vivieron la búsqueda de sus seres queridos. «Son fechas muy duras para la familia», han comentado allegados a Sololuze.

Mientras, los tres altos cargos de Verter han aceptado una pena de seis meses de prisión y la indemnización a los familiares de las víctimas a cambio de reconocer que la muerte de los trabajadores se debió a un «homicidio imprudente», lo que les librará de su ingreso en la cárcel al carecer de antecedentes.

Tras sortear la prisión, las miradas están puestas ahora en otra causa por un presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública en la gestión de este vertedero que instruye un juzgado de Durango. En este proceso figuran como imputados José Ignacio Barinaga, propietario de Verter Recycling; Juan Etxebarria, ingeniero jefe de la instalación; y Arrate Bilbao, la gerente de la empresa.

Por su parte, Gaizka Zabarte, miembro de la plataforma Zaldibar Argitu, personada como acusación particular en este proceso junto a Ekologistak Martxan y la Carta de Derechos Sociales, tiene clara la responsabilidad del Gobierno de Lakua en lo sucedido. El Ejecutivo, según ha recordado, no desempeñó de manera adecuada las labores de inspección de la escombrera para evitar que toda su estructura se viniera abajo aquel 6 de febrero.

La mayoría sindical y Podemos se suman a la manifestación del domingo

La mayoría sindical vasca, que se suma a la convocatoria de la manifestación del domingo en Ermua, también ha subrayado este viernes que los informes periciales «apuntan a lo que hemos denunciado desde el principio, que los responsables de la empresa eran conscientes de los desperfectos que había en el vertedero, que la empresa fue alertada sobre las grietas que había en la tierra, que conocían que había riesgo evidente de que se produjera el colapso y que los informes técnicos les recomendaron parar la actividad».

En el comunicado suscrito por ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru, se puntualiza que en este caso «la responsabilidad no puede limitarse a la empresa, ya que las distintas administraciones públicas han tenido una responsabilidad directa por no ejercer su tarea de vigilancia y control».

Por su parte, Podemos Ahal Dugu ha denunciado que el Gobierno de Iñigo Urkullu «sigue sin asumir sus responsabilidades en el derrumbe del vertedero de Zaldibar», por lo que confía que la investigación que llevará a cabo el Parlamento Europeo «determine si hubo irregularidades o negligencia por parte del Ejecutivo de PNV y PSE».

La eurodiputada Idoia Villanueva ha recordado que «la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido más información al Gobierno Vasco y a la Comisión Europea para que se investigue y determine la posible infracción de las normas europeas de gestión de residuos».

Esta formación también se ha adherido a la manifestación convocada por las diferentes plataformas y asociaciones este domingo en Ermua.