La Conferencia Episcopal Española (CEE) revisó el listado de casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 y, tras depurar la información, asumió en enero que hay alrededor de un millar de bienes que se han adjudicado erróneamente a la Iglesia. Entre estos bienes registrados ilegalmente 78 corresponden a Nafarroa pero la Iglesia no tiene ninguna intención de devolverlos porque o bien los ha vendido o alega errores en el registro.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Nafarroa, Eduardo Santos, en una comisión parlamentaria a petición de EH Bildu para conocer los pormenores del acuerdo suscrito entre el Gobierno español y la Conferencia Episcopal sobre los bienes inmatriculados y sobre cómo afecta este a Nafarroa.

Según ha recordado Santos, el año pasado se puso en marcha una comisión mixta de la Conferencia Episcopal y del Gobierno español para revisar los casi 35.000 bienes inmatriculados –1.034 de ellos en Nafarroa– a nombre de la Iglesia católica entre 1998 y 2015 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria introducida en tiempos de José María Aznar.

Sin embargo, de todos ellos, solo 2.500 fincas correspondían a una titularidad no acreditada, y de ese total, ha explicado Santos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazó 1.500 por problemas registrales y cuantificó un total de 1.000 en el Estado y 78 en Nafarroa «que en ningún caso van a ser devueltos porque lo que dice la Iglesia en este caso versa sobre errores registrales, falta de identificación o bienes cuyos propietarios son terceras personas», ha expresado el consejero.

De los 78 bienes, 49 estaban en el listado que presentó el Gobieno de Nafarroa al Parlamento y que cifra en 2.952 los bienes inmatriculados en el herrialde por la Iglesia. No obstante, estos han sido vendidos si bien en el año 2011 constaban como propietaria la diócesis de Iruñea. «La Iglesia dice que lo que consta en el registro es incorrecto porque lo han vendido y quien debería constar en el registro es el actual titular. Esto es plausible, puede pasar y pasa si quien ha comprado no eleva el registro, lo cual no significa que el origen de esa propiedad no sean las inmatriculaciones previas» hechas en base a la Ley Hipotecaria de Aznar, ha añadido Santos.

De esos 49 bienes vendidos, 29 están en Eslaba y 12 en Longida. Además, en otros 17 bienes de Goizueta y Doneztebe faltan datos de identificación y en otros lugares del herrialde constan 8 que son de otros titulares pero estos no figuran.

Desde que se pusiera en marcha esa comisión mixta, ha habido un acuerdo, pero dos interpretaciones. «La Iglesia entendía que el compromiso se refería a aquellos bienes que hubieran accedido incorrectamente al registro y que por tanto no debían figurar a su nombre. Por otro lado, el Gobierno entiende que esos bienes no correspondían a la Iglesia y que se deberían devolver a terceros», ha señalado Santos.

De esta manera, Santos ha avanzado que el Gobierno español no se plantea ampliar esta investigación como se ha hecho en Nafarroa, y ha reconocido que, de hacerlo, «estaríamos hablando de 100.000 fincas en el ámbito del Estado», tal y como señalan diferentes organizaciones.

«Carpetazo» a un «escándalo monumental»

Para Arantza Izurdiaga, de EH Bildu, la Iglesia católica «no ha devuelto ningún bien ni ofrecido devolver ninguno a ningún propietario que no figure en el registro, sino que está revisando o depurando los listados para ver si hay errores, duplicidades o inexactitudes», por lo que ha mostrado su temor a que la «escenificación» del presidente Pedro Sánchez dé «carpetazo a este escándalo monumental», y para evitarlo ha instado al Gobierno navarro a cumplir el mandato parlamentario.

Por Navarra Suma, Iñaki Iriarte ha negado que la Iglesia haya expoliado a los pueblos y ha subrayado que en los litigios la decisión no corresponde al legislador sino a los tribunales si no se resuelven antes mediante actos de «buena voluntad».

Desde el PSN, Virginia Magdaleno ha recordado que ya en 2017 pidieron al Gobierno del PP un estudio sobre los bienes inmatriculados para dar soluciones a un problema que se creó con una ley también del PP, y ha valorado la tarea del Gobierno navarro, que no ha tenido «ninguna actitud sumisa» con la Iglesia.

Blanca Regulez, de Geroa Bai, ha indicado que «parecía un avance la aceptación de la Iglesia de realizar un informe sobre los bienes inmatriculados pero no lo es, no se puede hablar de devoluciones de bienes sino de bienes que dice que no son suyos por diferentes motivos», de ahí las discrepancias entre su listado y el elaborado en Nafarroa, y así «volvemos a la casilla de salida: No hay un reconocimiento ni una voluntad de devolución de los bienes inmatriculados».

Pasos del Gobierno de Nafarroa

Tras detectar un total de 2.952 fincas inmatriculadas desde 1900 a 2015 en Nafarroa por parte de la Iglesia católica, Santos ha recordado que en el Gobierno de Nafarroa se plantearon diversas «salidas».

La primera ha sido apoyar litigios estratégicos, como en el Ayuntamiento de Zangoza, de cara a que los tribunales «se acaben pronunciado sobre la constitucionalidad de ese artículo 206 de la Ley Hipotecaria», un camino «largo», de acuerdo con el consejero.

Además, Santos ha recordado que «se nos instó a la elaboración de un estudio sobre la posible afección de estas inmatriculaciones a terrenos públicos o comunales», y ha adelantado que los trámites administrativos para la adjudicación de este estudio «están en marcha», si bien ha recordado que son competencia del Departamento de Desarrollo Rural.

«Es precisamente la parte donde el Gobierno de Navarra tiene una mayor responsabilidad legal, subsidiaria, en su caso, a lo que hagan las entidades locales. Pero es un proceso costoso identificar todas esas fincas, cuál es su origen y después hacer una valoración completa de esos bienes que puedan ser sospechosos de pertenecer a un comunal», ha agregado.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno asesora a entidades locales acerca de sus posibilidades técnicas o jurídicas de cara a iniciar procesos de recuperación si así lo deciden en el ámbito de la autonomía municipal. Respecto a este último punto, Izurdiga ha señalado que se han constatado «ciertas reticencias» por parte del Gobierno para poner en marcha la mencionada mesa de asesoramiento.