Los gobiernos de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu han cerrado este miércoles el anunciado acuerdo de traspaso a la CAV del Ingreso Mínimo Vital (IMV). De este modo, el Ejecutivo autonómico asumirá la transferencia «íntegra y sin límite temporal» de esta prestación social.

La última fase de la negociación se ha ido alargando aunque ambas partes repetían que habían alcanzado un amplio consenso, un «enredo» que fue criticado por EH Bildu. Desde Iruñea, a principios de febrero, el Gobierno de María Chivite también anunció que el traspaso estaba muy avanzando, por lo que se espera que pronto se ponga la cita para la correspondiente firma.

En la reunión que ha tenido lugar esta mañana en la sede del Ministerio de Política Territorial, en Madrid, han participado, entre otros, el vicelehendakari primero y presidente de la Comisión Mixta de Transferencias, Josu Erkoreka; la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia; la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi; y el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu.

La delegación del Gobierno español ha estado encabezada por la ministra Isabel Rodríguez, junto a la que ha estado, entre otros, el delegado del Gobierno español en la CAV, Denis Itxaso.

Según ha indicado Lakua, con el cierre de esta materia «queda una veintena de transferencias para culminar lo establecido en el calendario acordado entre los Gobiernos vasco y español y, de este modo, dar cumplimiento al Estatuto de Gernika».

Integración con la Renta de Garantía de Ingresos

Esta transferencia supondrá que el Gobierno de Lakua se encargará de la tramitación, el reconocimiento y el pago del Ingreso Mínimo Vital y, así, pondrá fin a «la encomienda de gestión» por la que se materializaba hasta ahora la gestión de esta prestación.

La prestación del IMV requerirá su integración con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que en la CAV ya se ofrece como una «competencia de atención social». En la práctica, para la ciudadanía la nueva situación conllevará que tanto la tramitación como el pago de la ayuda pública correrá a cargo de Lanbide.

En cuanto a la cuantificación económica del traspaso, la CAV descontará de su Cupo el 6,24% del coste a nivel estatal del IMV, unos 187 millones de euros.