Hace un mes, el 28 de febrero, el periodista vasco Pablo González era detenido en la ciudad polaca de Przemysl, cerca de la frontera de Ucrania. Desde entonces, permanece encarcelado e incomunicado bajo la acusación de ser «un espía ruso» en la prisión de la ciudad de Rzeszów.

En este mes, los allegados de González no han tenido posibilidad de comunicarse con él. Tampoco ha podido mantener contacto alguno su abogado de confianza, Gonzalo Boye. La asistencia letrada al periodista vasco se ha limitado a la designación de una abogada de oficio que posteriormente renunció sin ni siquiera reunirse con González, tras lo que fue sustituida por otra abogada de oficio.

La compañera de González, Oihana Goiriena, ha confirmado a NAIZ que la situación sigue igual. No han podido mantener contacto con el periodista y las relaciones con la abogada de oficio polaca son muy escasas. De este modo, destaca que la situación es complicada y que el hecho de no tener noticias directas ni poder hacer nada la hace más difícil todavía.

Junto a ello, otro elemento que ha caracterizado el caso de González es la escasa implicación de las autoridades españolas y sus servicios consulares. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, llegó a manifestar que la cárcel de Rzeszów se encontraba lejos de la capital, de Varsovia, por lo que las gestiones se complicarían. Informaciones posteriores señalaron que la asistencia consular se había llevado a cabo, pero desde el Gobierno español no se ha informado apenas de la misma. Asimismo, llama la atención el bajo perfil de la actuación diplomática llevada a cabo por Madrid, teniendo en cuenta que se acusa a Polonia de haber vulnerado hasta 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En los últimos meses, Varsovia ha protagoniza recurrentes enfrentamientos con Bruselas por los intentos polacos de que su normativa prime sobre la de la UE.

Acusado de ser «espía»

En una comunicación del Gobierno polaco del 4 de marzo, se acusa a González de ser «un agente» de los Servicios de Inteligencia rusos y de realizar actividades para este órgano «utilizando su estatus periodístico». La acusación de espía puede suponer una pena de hasta diez años de cárcel según el Código Penal polaco. Sobre González pesa una comunicación de prisión provisional de tres meses, que debería concluir el 29 de mayo. Posteriormente, debería celebrarse una vista sobre las acusaciones contra el periodista vasco.

La Sala II de lo Penal del Tribunal de Rzeszów se basa en el hecho de que González tiene un pasaporte español y otro ruso (debido a que nació en Rusia y tiene documentación rusa con un nombre ruso) para justificar el auto de prisión temporal y las acusaciones de «espionaje».

Antes de ser detenido en Polonia, en un viaje anterior, González fue retenido por agentes ucranianos cuando desarrollaba su labor de periodista. Asimismo, agentes del CNI español han visitado a sus allegados.

Campaña de periodistas

En este contexto, coincidiendo con el mes del encarcelamiento de González, un grupo de periodistas ha difundido en redes sociales un vídeo en el que denuncia su detención y reclama su puesta en libertad con el hashtag #FreePablo

Un mes detenido e incomunicado. Por la libertad de prensa, por la libertad de Pablo González #FreePablo pic.twitter.com/au9TUisEQW

— #FreePabloGonzález (@FreePabloGonz) March 28, 2022