La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado otro paso para juzgar a Josu Urrutikoetxea por el atentado cometido en 1987 por ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, tras desestimar la excepción de cosa juzgada que alegaba, al haber cumplido ya condena en el Estado francés por hechos equivalentes.

En concreto, París ya le condenó a ocho años de cárcel en 1990 como autor, entre otros, de un delito de «asociación de malhechores», «equivalente al delito de pertenencia a organización terrorista» en la legislación española.

En noviembre, la AN acordó abrir juicio oral contra Urrutikoetxea por este atentado, pero en febrero la defensa formuló un artículo de previo pronunciamiento, donde invocaba la excepción de cosa juzgada, que detuvo el proceso hasta ahora, cuando los magistrados José Antonio Mora Alarcón, José Ricardo de Prada y María Teresa García Quesada han rechazado la argumentación poniendo nuevamente en marcha la maquinaria judicial.

Sobre Urrutikoetxea se han formulado desde el Estado español en estos últimos años otras imputaciones que han ido decayendo, y ahora la Audiencia Nacional centra todas sus fuerzas en este sumario.

«El Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones mantienen, y así lo comparte este tribunal, que no concurre la excepción de cosa juzgada, por no tratarse de los mismos hechos materiales», resuelven los magistrados de la Sección Segunda en un auto del lunes, que ha sido difundido por Europa Press.

«A lo sumo», podría hablarse de una «misma calificación jurídica de los hechos», si bien apostillan que hay una «muy abundante jurisprudencia del TJUE» que establece «claramente» que «la cuestión debatida debe analizarse desde un punto de vista fáctico y no desde la calificación jurídica».

2.354 años de petición fiscal

Los magistrados se han alineado por tanto con el fiscal Pedro Rubira y las acusaciones ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Española Guardia Civil (AEGC) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil y Sindicato Justicia Policial, entre otros, que habían sostenido en sus escritos y en la vista oral del pasado 31 de marzo que los hechos juzgados en los dos estados «no son en absoluto coincidentes».

«Nuestra acusación se muestra satisfecha por haber desactivado la última artimaña del sanguinario etarra para eludir el banquillo de los acusados y dar la cara frente a las víctimas», ha reaccionado AEGC en un comunicado.

«Ahora se espera que, por parte de Francia, se produzca cuanto antes la extradición o entrega temporal a España para poder celebrar una vista histórica demorada durante demasiado tiempo por las tácticas y huidas de Ternera. Un juicio para poder hacer justicia», ha enfatizado AEGC.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 2.354 años de prisión para Urrutikoetxea por este atentado: 30 años de cárcel por cada uno de los 11 delitos de «asesinato consumado» y de 23 años por cada uno de los 88 delitos de «asesinato frustrado». El fiscal Rubira le considera autor «tanto por inducción como por cooperación necesaria».