La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado que la Abogacía del Estado está estudiando la viabilidad de presentar un recurso contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que el pasado 18 de enero condenó al Estado español por no permitir en 2010 acceder a su abogado defensor al donostiarra Xabier Atristain, que estaba entonces detenido en régimen de incomunicación.

En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra ha señalado que «lo que ha sucedido es algo grave, pues el TEDH ha entendido que el Tribunal Supremo ha hecho un juicio injusto»; y ha advertido de que «todavía no ha transcurrido el plazo que se tiene para interponer el recurso».

Respuesta a las presiones

Llop ha realizado estas declaraciones después de que diversas instancias hayan presionado al Ejecutivo español para que recurra ante la Gran Sala, como ocurrió en el caso de Inés Del Río., que anuló la denominada «doctrina Parot». 

El Tribunal Supremo se ha dirigido al Ministerio para conocer qué pasos se darán aunque, como reconoció el magistrado Manuel Marchena, la viabilidad del recurso está condicionada a la firmeza de la sentencia europea, dictada por unanimidad.

Y el miércoles la AVT alertó de una «posible excarcelación masiva» de presos vascos. «Y no solo esto: de llegar a este terrible punto, España tendría que hacer un gran desembolso económico en forma de pago de indemnizaciones a todos los etarras ya en libertad que aleguen este hecho y pidan la anulación de su condena y su correspondiente indemnización», añadió.

Asimismo, aseveró que el Estado español se encuentra en la «tesitura de elegir el camino bueno», de modo que no solo recurra la sentencia sino que también empiece a realizar la «labor de pedagogía necesaria para demostrar a los miembros del Tribunal de Estrasburgo que el régimen de incomunicación no necesariamente implica vulneración de derechos».

Cabe señalar que, de momento, la consecuencia del fallo del TEDH ha sido la excarcelación de Atristain y también la sentencia absolutoria para Gorka Palacios dictada por la Audiencia Nacional, en la que se admite que hay una nueva jurisprudencia.