
El Parlamento Europeo ha abordado este martes los casos de espionaje con el programa Pegasus en jaque. La actuación, que estaba anunciada con anterioridad, se ha producido un día después de que se diera a conocer que los representantes políticos catalanes y vascos habían sido víctimas de esta. Con esto el programa ha adquirido una repercusión especial.
La comisión investigadora se centrará en el uso del software de la empresa israelí NSO. Se trata de una iniciativa pactada hace unos meses, pero que ha comenzado cuando se conocen nuevos casos, como el ciberataque al móvil del comisario de Justicia, Didier Reynders, y que afecta a los líderes del movimiento separatista en Cataluña, incluidos los actuales eurodiputados Toni Comín, Jordi Solé y Diana Riba, así como los representantes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu. Además, la eurodiputada de ERC Diana Riba será vicepresidenta segunda de la comisión, mientras que el presidente será el «popular» holandés Jeroen Lenaers y el vicepresidente Sánchez Ronai, del Grupo Socialista Húngaro. El objetivo de la comisión investigadora era recabar información sobre la participación de los Estados miembros, entre ellos Hungría y Polonia, en el uso del sistema, pero la presidenta ha confirmado que se estudiarán más casos, incluidos los que afectan a los movimientos independentistas. «Solo en las últimas semanas hemos visto más información, así como el caso de 65 políticos, eurodiputados incluidos (...) Hay mucho que investigar y tenemos un mandato claro y potente para ello», subraya Lenaers. En un comunicado, el grupo parlamentario Liberal ha avanzado que el Gobierno español debe aclarar si es cliente de la NSO y realizar «una investigación independiente sobre su uso contra los catalanes». En una rueda de prensa, Riba ha considerado que el supuesto espionaje contra él y otros eurodiputados independentistas es un ataque a la Eurocámara y a los ciudadanos europeos y que «no puede quedar impune». «Exigiremos aclaraciones y responsabilidades al Estado español», ha señalado.
Puigdemont y Zoido Carles Puigdemont también participan en la comisión y han señalado que en Europa «la democracia está en peligro» cuando se evidencia que los Estados miembros «vulneran masivamente los derechos fundamentales».
En este sentido, ha hecho una comparación entre España y algunos países del Este de Europa, como Polonia y Hungría, y ha dicho que la UE «no puede defender un Estado de Derecho cuando lo vulnera». En su turno, el eurodiputado del PP y exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha señalado que el uso de Pegasus no corresponde a «las democracias europeas», sino a «las tiranías del cuidado» y ha defendido que España es «una democracia consolidada», ya que «el respeto al Estado de Derecho es profundo». Pero por encima de estas palabras, en Madrid es reconocido que el CNI utiliza ese sistema desde los tiempos en que gobernaba el PP. Puede que lo hayamos comprado en 2016. Y Zoido se convirtió en ministro del Interior ese mismo año, hasta junio de 2018. «Cualquier intervención se realiza siempre al amparo de la ley y con plenas garantías judiciales», ha subrayado Zoido, quien ha acusado a la organización CitizenLab de actuar contra España sin pruebas. En ese momento, respecto al presidente de la Generalitat en el extranjero, Zoido ha manifestado que «ojalá todos los miembros de la comisión, incluso algunos prófugos de la justicia, hubieran respetado el Estado de Derecho, como hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles».

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