La Convención Constitucional de Chile ha aprobado reconocer en la nueva Constitución el «derecho a las tierras, territorios y recursos» de los pueblos indígenas originarios, un hecho calificado como «histórico» por numerosos constituyentes y representantes de las etnias indígenas del país.

Tras haber obtenido un un total de 106 votos a favor (de los 103 necesarios), el pleno ha dado el visto bueno al artículo. Los 17 representantes de las comunidades indígenas lo celebraron entre sonoros aplausos y diversas celebraciones.

Y es que el artículo especifica que «la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación» y que «los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva».

«La Convención Constitucional abre el camino a la solución de conflictos históricos, los despojos que hemos sufrido los pueblos originarios», ha celebrado Rosa Catrileo, constituyente y representante del pueblo mapuche, la etnia más numerosa.

«No es cierto que la sociedad chilena esté fragmentada en torno a las grandes demandas de los pueblos de Chile y este es un ejemplo», ha argumentado por su parte la expresidenta de la convención y académica indígena, Elisa Loncón.

Asimismo, se admitió un artículo que señala que «ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública», a lo que se agrega que «el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien».

Por lo tanto, por primera vez en su historia, los pueblos indígenas de Chile participarán en la redacción de una Constitución, en este caso con siete representantes mapuches, dos aymaras y uno de cada etnia restante: diaguita, quechua, atacameño, colla, yagán, kawésqar, chango y rapa nui.

Disputa territorial

El reconocimiento sobre las tierras se da en un contexto del recrudecimiento de la violencia en el sur del país, una zona donde existe un conflicto territorial entre el Estado, empresas forestales y agrícolas y algunos grupos mapuche, que reclaman los terrenos que sus antepasados habitaron durante siglos.

En el último año, esta disputa ha experimentado una escalada de violencia con frecuentes ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas. Chile comenzó en 2020 el proceso constituyente como la vía política para desarticular la ola de masivas protestas por la igualdad que empezaron en 2019, dejaron una treintena de fallecidos, miles de heridos.

En caso de aprobarse en el referéndum de salida, el próximo 4 de septiembre, la nueva ley fundamental sustituirá a la actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.