La reunión de la reconstituida comisión de secretos oficiales ha durado casi cuatro horas, en la que los grupos han podido interpelar a la directora del CNI, Paz Esteban, sobre el escándalo Pegasus. Según ha avanzado a la salida Gabriel Rufián (ERC), no ha hecho grandes revelaciones sobre lo ya conocido, pero sí ha apuntado que el espionaje puede haber sido realizado por un Gobierno extranjero y también «por organismos del Estado», en algunos casos con aval judicial y en otros sin él.

La alusión a «organismos del Estado» podría corresponder al CNI o bien a otros servicios de inteligencia, como por ejemplo el de la Guardia Civil.

Según diversas fuentes, Paz Esteban ha venido a admitir dos tipos de espionaje: uno al que ha dado carácter legal, dirigido obviamente contra el independentismo, y que habría recaído sobre 18 personas con orden judicial (Citizen Lab ha detallado casi cuatro veces más, 65 personas), y otro realizado por un Gobierno extranjero sobre miembros del Ejecutivo (además de Pedro Sánchez y Margarita Robles, se baraja que también se haya pinchado a Fernando Grande-Marlaska).

Tres tipos de espionaje

No obstante, a tenor de esta explicación en realidad serían tres tipos de espionajes con Pegasus los detectados: uno oficial y «legal», practicado probablemente sobre el CNI contra independentistas, en 18 casos que no se conocen; otro también contra la disidencia catalana y posiblemente vasca pero extraoficial e ilegal, en el que entrarían los restantes 47 casos detallados por ‘The New York’ (llevado a cabo por elementos del CNI u otros cuerpos policiales); y un tercero realizado contra el presidente del Gobierno y uno o dos ministros de alto peso político, la de Defensa y el de Interior, en este caso a través de un agente «exterior», aunque sin descartar completamente a las «cloacas» del Estado.

Dentro de los espiados «legalmente», según afirman varios medios, estarían Carles Puigdemont y su «entorno» y también el actual president en ejercicio, Pere Aragonès.

Falta de concreción y comisión de investigación

En esta comisión, tras tres años sin constituirse, participan representantes de diez fuerzas políticas, incluidas PNV y EH Bildu. Ha celebrado la sesión a puerta cerrada, como es norma. La gran mayoría de los participantes han evitado hacer declaraciones pero Aitor Esteban (PNV) ha apuntado que tras esta primera comparecencia «hay mucha tela por cortar».

«Hay cosas por aclarar pero nada nos ha sorprendido», ha dicho la representante de EH Bildu Mertxe Aizpurua. Ha insistido en la necesidad de una comisión de investigación –al igual que Rufián, Miriam Nogueras (JxCat) y Albert Botran (CUP)–,  aunque la opción ha sido rechazada por PSOE, PP y Vox.

También una de las formaciones del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, ha apuntado que este es solo un primer capítulo e insuficiente. Para Pablo Echenique, «no desvelo nada si digo que el CNI no puede informar de aquello de lo que el CNI no conoce, informa de lo que conoce. Estamos más intranquilos en base a lo que nos ha contado, que es lo que el CNI conoce».

Varios grupos han manifestado en la comisión su malestar por la falta de concreción de la directora del CNI.

Desde fuera de este foro, el que era ministro de Interior cuando supuestamente se compró Pegasus, Juan Ignacio Zoido, ha cerrado filas con el actual Gobierno: así, ha justificado que pueda espiar a personas cuyo objetivo «es la secesión» y ha añadido que «hay sobrados motivos para sentirse orgullosos de la democracia, de las Fuerzas de Seguridad y de los Servicios de Inteligencia». Zoido es ahora parlamentario y en esa condición integra la comisión de investigación abierta en el Parlamento Europeo sobre Pegasus.

Sin dimisión por ahora

Una de las incógnitas previas era si Paz Esteban presentaría la dimisión para intentar hacer un cortafuegos sobre el caso; no ha sido así. Al contrario, ha avalado las actuaciones del CNI. Esteban dirige el servicio español de inteligencia desde febrero de 2020, aunque de modo interino ya ocupaba el cargo desde verano de 2019. Por tanto, durante su mandato se han producido tanto la parte final del espionaje con Pegasus a independentistas como las intervenciones a miembros del Gobierno.

El sistema fue adquirido por el CNI con anterioridad, en torno a 2016 según las informaciones existentes. Se comenzó a emplear por tanto con el Gobierno Rajoy pero ha seguido con el de Sánchez.