El Consejo de Ministros español ha aprobado este martes en primera lectura el texto de la futura ley del aborto, que se tramitará por la vía de urgencia e incluirá entre las medidas permitir abortar a las jóvenes de 16 y 17 años sin necesidad de permiso familiar, blindar el derecho a la interrupción del embarazo en los centros públicos e introducir la baja por reglas incapacitantes a cargo de la Seguridad Social. La mayor ausencia del texto, sin embargo, ha sido una vieja demanda que el Gobierno de coalición incluyó además en su pacto de Gobierno: la superreducción del IVA al 4% de los productos de higiene menstrual.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la Ministra de Igualdad ei impulsora del texto, Irene Montero, ha destacado que el anteproyecto de ley garantiza el derecho de la mujer «a decidir sobre su propio cuerpo» y que es «la puerta de entrada» a otros derechos, como al trabajo, a la participación política y permite que puedan vivir mejor y desarrollar sus proyectos de vida.

En la misma línea, la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha celebrado que esta norma permitirá «continuar ampliando derechos», tras la aprobación hace 12 años de la actual ley del aborto.

No obstante, ha habido medidas que se han quedado en el aire, como que el IVA actual a productos de higiene menstrual, que se sitúa en el 10%, se bajase hasta el tipo superreducido del 4%. Montero admitía el lunes que «el Ministerio de Hacienda no ha querido que vaya en esta ley».

El texto incluye, eso sí, que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales se repartan gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.

Educación sexual

También se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual. Esto se incluye en el capítulo de Educación Sexual, en donde se apunta que esta será integral en las principales etapas educativas con el objetivo de ofrecer conocimientos basados en el consentimiento y las relaciones fomentadas en los buenos tratos.

Además, se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica; y se formará de forma específica en educación sexual y menstrual a profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias de prisiones, trabajadores y trabajadoras públicos.

Entre las medidas de esta norma destaca que los centros de salud vayan a distribuir la píldora del día después de forma gratuita y en centros servicios de salud sexual y reproductiva.

Gestación subrogada y otras violencias

Uno de los cambios tras la aprobación del texto es que la nueva ley del aborto no perseguirá a las personas que recurran a la gestación subrogada en otros estados. El Ministerio de Igualdad declaró en un principio que otorgaría la potestad a los tribunales del Estado para que persiguieran a las personas que recurran al extranjero en busca de mujeres que gesten a bebés a cambio de dinero.

Esta cuestión se ha caído del texto el martes, aunque el anteproyecto de ley sí declara esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer.

El texto también recoge otras violencias contra las mujeres relacionadas con este tema, como la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad o el embarazo y aborto forzoso.

Medidas principales

En donde sí se ha conseguido el consenso entre los socios de Gobierno central es en los artículos sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de 16 y 17 años sin permiso de sus padres, madres o tutores. Además, se elimina también la tutela para las mujeres con discapacidad.

Esta es la medida que motivó principalmente la reforma, en la que además se ha incluido la eliminación de los tres días de reflexión que se exigen actualmente a las mujeres que buscan abortar, incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo y retira también –si no lo piden ellas– el sobre que contiene información relativa al embarazo y a la maternidad que se les entrega a las mujeres que ya han decidido abortar.

«Las mujeres pueden reflexionar el tiempo que necesiten, y el Estado no duda de la decisión de las mujeres cuando esté tomada», ha asegurado Montero.

Otra de las políticas más ambiciosas que Irene Montero ha conseguido incluir en el texto ha sido blindar el aborto en los centros sanitarios públicos para así garantizar que al menos en un centro de las capitales de cada provincia se realicen abortos y el derecho a la objeción de conciencia no someta el derecho a abortar. Se realizará un listado de objetores que, como con la Ley de Eutanasia, deberá garantizar que haya personal disponible en estos centros públicos, evitando así la derivación de los abortos a la sanidad privada. Con la ley, se exigirá que los profesionales sanitarios que se declaren objetores también lo sean en la sanidad privada.

El Consejo de Ministros de este martes también ha aprobado la baja por dolores menstruales incapacitantes que asumirá el Estado desde el primer día. «Se acabó empastillarse antes de ir al trabajo y ocultar que tenemos un dolor que nos incapacita», ha celebrado la ministra de Igualdad.

Por otra parte, esta nueva norma incluye medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.

Coste: 104 millones

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha cifrado este martes en 104 millones de euros el coste del paquete de medidas que incluye el anteproyecto de ley.

El coste del nuevo permiso preparto –a partir de la semana 39 de embarazo– costará 57 millones de euros, el de las bajas por menstruación incapacitante 23,8 millones de euros; y la dispensa en institutos y centros penitenciarios de productos de anticonceptivos, unos 300.000 euros.

Reacciones en Euskal Herria

La aprobación del texto ha provocado reacciones muy diversas de los partidos y sindicatos de Euskal Herria. El PNV, a través de Aitor Esteban, se ha mostrado a favor de volver al modelo en el que se permite abortar a las menores a partir de los 16 años sin permiso de los progenitores, pero considera que el Gobierno debería haberse «limitado a este punto» en su reforma «y no introducir otros asuntos en la ley».

Mertxe Aizpurua (EH Bildu) ha valorado «la vuelta del derecho a decidir de las mujeres de más de 16 años» y el hecho de que se esté hablando y «no sea tabú» la salud menstrual, aunque ha lamentado que la superredución del IVA a productos de higiene mestrual se haya quedado fuera del texto y se siga «haciendo negocio a costa de la salud de las mujeres».

UPN, por el contrario, ve un «despropósito» que las menores de 18 años puedan abortar sin el permiso de sus progenitores o tutores.

En cuanto a los sindicatos, ELA ha celebrado que se trata de «una ley feminista y con lectura de clase». Ha valorado de manera positiva la mayoría de las medidas incluídas en el anteproyecto de ley, también la baja laboral por reglas dolorosas, aunque a este respecto ha apostillado que «este derecho no puede ser utilizado para discriminar a las mujeres en el mercado laboral y se deben poner mecanismos para ello». Ha lamentado, por otro lado, que la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina no se vaya a materializar, «siendo el PSOE el que siempre pone límites a otorgar más derechos a las mujeres», ha criticado.

LAB, que se ha limitado a trasladar su postura sobre las bajas por reglas incapacitantes, ha selañado que «la posibilidad de optar a una incapacidad transitoria especial por motivo de una menstruación dolorosa supone, al fin, reconocer el derecho a no ir a trabajar si no nos encontramos en condiciones adecuadas». Pero, como ELA, cree necesario que «se trate como un derecho, para lo cual hay que asegurar que esta medida no acarreará discriminación de las mujeres a la hora de ser contratadas, o renovar contratos, promocionar en la carrera laboral, etc...»